Las empresas de redes sociales, como Facebook, Twitter y WhatsApp, colaborarán con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) en la investigación de delitos de género, dio a conocer ayer su titular, Ernestina Godoy,
La funcionaria participó en el “Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, La Ciencia Jurídico Penal unida por la Facultad de Derecho de la UNAM”, en el que precisó que no se criminaliza a esos medios, ni las prácticas privadas personales como ejercicio de la libertad personal, sino la violación a la privacidad o la intimidad sexual.
Agregó que la violencia digital es un delito de género, que afecta principalmente a las mujeres y constituye una conducta recurrente.
Con el apoyo de las redes sociales, se podrán solicitar medidas de protección como la interrupción el bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos difundidos a través de las mismas.
La fiscal general de Justicia local citó la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual estipula como delito cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes en redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento.
Tras comentar lo anterior, explicó que “lo ilícito es la violación de la privacidad o la intimidad sexual” y que se establecen cuáles fueron los bienes y derechos jurídicos que se vulneran, tales como la integridad, la dignidad, la intimidad y la libertad de la vida privada de las mujeres.
Opinó que el Estado debe adoptar medidas para impedir que la intimidad personal y familiar sean vulneradas por personas ajenas, refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir que terceros difundan información de la vida privada ajena sin el consentimiento del titular.
Finalmente, señaló a los prejuicios y estereotipos como los problemas a superar, porque se pueden presentar en operadores del sistema de justicia, que se traducen en criminalización o victimización secundaria por suponer que las mujeres expusieron su información.
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