La aplicación de la Ley de Cultura Cívica en la capital enfrenta serios obstáculos, como falta de juzgados adecuados, una policía que atienda esas infracciones y confusiones legales, denunció ayer Rafael Guarneros, coordinador del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo.
Durante una conferencia de prensa, recomendó al gobierno local crear un manual, a fin de que el ciudadano sepa qué autoridad pueda intervenir en caso de una infracción y desterrar las prácticas disuasivas en juzgados cívicos y agencias del Ministerio Público para que los afectados presenten denuncias.
Afirmó que organismo que coordina forma brigadas cívicas para dar a conocer a los vecinos los alcances de ese ordenamiento y sobre todo aconsejarles que no cometan infracciones a la misma, como tirar basura en las calles y no levantar las heces fecales de sus mascotas.
Posteriormente, pasó revista a algunos artículos de ese ordenamiento y las limitaciones que hay en la realidad para su aplicación, como no tener instalaciones adecuadas, pues las que existen son a lo más de seis metros cuadrados; y desafortunadamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) carece de efectivos suficientes para vigilar el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica.
Recordó que las alcaldías están a cargo de la aplicación del ordenamiento, por lo que demandó a Néstor Núñez, titular de la Cuauhtémoc, volver a poner el juzgado cívico que estaba en el edificio de la esquina de Álvaro Obregón y Valladolid.
Guarneros sostuvo que por esas limitaciones del 100 por ciento de las faltas cívicas que se cometen en la Ciudad de México, solamente 2 por ciento son sancionadas y el resto quedan impunes.
Subrayó que el ordenamiento prohíbe usar el espacio público sin autorización, pero en los tianguis capitalinos abundan las chelerías y la venta de bebidas alcohólicas sin restricción alguna, a pesar de que está estrictamente prohibida su venta y corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de las alcaldías el vigilar el cumplimiento de la orden.
Se manifestó a favor de crear una policía cívica, la cual esté a cargo de vigilar el cumplimiento de la Ley, ya que “cada remisión al juzgado cívico les toma a los policías por lo menos tres horas debido a los trámites que deben cumplir”.