El proceso penal por el colapso de la Línea 12 del Metro entró en su fase de aportación de pruebas ante el juez del caso, tanto de la defensa de los acusados como de la representación legal de las víctimas, y en 2024 vendría el juicio oral.
Teófilo Benitez Granados, abogados de los afectados por el derrumbe de ese medio de transporte, informó que presentarán 40 mandamientos de prueba en materia de antropología, psicología, matemática actuarial y una muy importante, que es la del perito en ingeniería y arquitectura, la cual servirá para determinar responsabilidades.
La audiencia para esta etapa del proceso empezó a las 13:00 horas en los juzgados orales de la colonia Doctores y antes de entrar a la misma, el representante legal de las víctimas dijo, en conferencia de prensa, que si el juez acepta las pruebas daría pie a citar a comparecer a los últimos cinco directores del Sistema de Transporte Colectivo, incluida Florencia Serranía.
“Todas las pruebas que presentaremos son fundamentales, porque todas determinan el daño físico y psicológico y de ahí todo el trastorno que se ha tenido y los gastos que ellos también han tenido que erogar. Una prueba con la otra van ligadas y al final todas suman un cúmulo probatorio hacia nuestras víctimas que representamos y que es lo que ellos reclaman”, expuso Benítez Granados.
Sobre las eventuales comparecencias de Florencia Serranía, Jorge Jiménez Alcaraz, Jorge Gaviño, Joel Ortega y Francisco Bojorquez, exdirectores de Metro, el abogado opinó que sería conveniente para todos, tanto para las víctimas como los acusados, ya que sus aportaciones servirían para esclarecer el colapso registrado en mayo de 2021.
En este sentido, aconsejó a la defensa de los exfuncionarios involucrados en el caso no retrasar más el procedimiento con la interposición de amparos, porque, de fondo, el asunto no transgrede los derechos de los acusados.
Si el juez no acepta las pruebas que aporte el equipo legal de Teófilo Benítez, lo refutarán en su momento y queda abierta la posibilidad de que en la etapa de juicio oral los cinco exfuncionarios presten declaración sobre este caso.
A su vez, Antonio López Mendoza, también representante legal de las víctimas, señaló que de los medios de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) es posible advertir responsabilidades de personas morales, en este caso de las constructoras Carso e ICA, pero esa institución es omisa en el sentido de atribuir responsabilidad penal contra esas empresas.
Los abogados descartaron que la eventual no ratificación de Ernestina Godoy como titular de la FGJCM impacte a este caso, pero “yo me preocuparía si yo no trabajara bien, si yo fuera la fiscal y no trabajara bien y no hiciera bien las cosas, pues sí me preocupó porque entonces ¿quién me va a dar trabajo”, concluyó Benítez Granados.
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