El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los mecanismos de justicia transicional como vía para llegar a la paz, verdad, justicia, atención a las víctimas, reconciliación y superar situaciones críticas de vulneración a los derechos humanos no pueden significar una renuncia a la legalidad, menoscabo de la institucionalidad democrática o establecimiento de instancias que estén por encima de la ley y de los derechos de las personas.
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Así lo dijo al presentar el Estudio para Elaborar una Propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional, desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a iniciativa del Organismo Nacional, para coadyuvar a la comprensión de la complejidad del entorno de violencia en el país y explicar “las alternativas, dilemas y problemas relacionados con el eventual diseño, implementación y evaluación de una política de Justicia Transicional”.
El estudio, que fue puesto a disposición de la sociedad y de los representantes del nuevo Poder Ejecutivo federal, aborda un amplio espectro de temáticas que gravitan en torno de ese tema que ha sido objeto de discusión y reflexión en distintos foros y cuyos primeros intentos de implementación se concretaron con el establecimiento de la Comisión de la Verdad para el Caso Iguala.
González Pérez, enfatizó que suponer que esos mecanismos sean sustitutivos o estén por encima de las instituciones o instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia es un punto de partida erróneo que no podemos permitir que se presente, aseguró.
El Estudio, aborda un amplio espectro de temáticas y su primera parte está enfocada a la explicación del concepto de Justicia Transicional, y se aboca también a la exposición de diversas experiencias que ha arrojado la implementación de los mecanismos transicionales en otros sistemas y latitudes.
El ombudsman expuso que es preciso dar oportunidad para que se opere toda vía que nos pueda llevar a la verdad, reconciliación, paz y justicia en el entorno problemático que enfrentamos, y señaló que la CNDH encomendó al CIDE la elaboración de ese estudio para emprender la ruta de la justicia transicional en México.
Por su parte, Sergio López Ayllón, quien coordinó el Estudio, señaló que es pertinente considerar el uso de un enfoque de Justicia Transicional para contribuir a atender las consecuencias de la violencia de gran escala que ha vivido el país desde 2006.