La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir este miércoles un amparo promovido por la organización Fundación para la Justicia (FJEDD) y suscrito por siete más, con el cual busca declarar inconstitucional la aplicación de medidas migratorias en el país como el despliegue de la Guardia Nacional para esas tareas y permitir que los solicitantes de asilo en Estados Unidos puedan permanecer en México mientras se resuelve su petición.
Alistado en la Segunda Sala de la SCNJ, el asunto se encuentra a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien propuso a sus compañeros rechazar la petición de amparo pues considera que las medidas mencionadas no afectan los derechos humanos de las personas migrantes.
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El amparo promovido por la FJEDD pretende que la Declaración Conjunta México Estados Unidos firmada en junio de 2019, aún bajo la presidencia de Donald Trump, debe declararse inválida, pues se cometieron violaciones al proceso legal que deben seguir los acuerdos como este, además de generar condiciones para posibles violaciones a sus derechos humanos.
La organización civil señala, en primer lugar, que el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, pero en particular en la frontera de México y Guatemala para frenar el tránsito de personas “es un acto que afecta los derechos fundamentales” de las personas.
Ello, pues los coloca en una situación de peligro ante posibles abusos de autoridad por parte de los agentes de la corporación de seguridad.
La Fundación para la Justicia reclama también que aunque ya no exista el programa “Quédate en México”, ni el “Título 42”, que establecieron que los solicitantes de asilo en Estados Unidos serían envíados a territorio mexicano donde deberían esperar a que su petición fuera analizada, esto sigue ocurriendo.
Además, con la firma de la Declaración Conjunta, el gobierno mexicano se comprometió a brindar servicios de salud, educación y oportunidades laborales, en lo que se resolvía su situación migratoria, lo que en los hechos convierte a México en lo que se conoce como el “tercer país seguro”.
Esto alerta a la organización, pues, señala, México no puede garantizar la seguridad de las personas migrantes y sus familias mientras permanecen en el territorio, ya que entidades fronterizas como Chihuahua, Baja California y Tamaulipas atraviesan por un grave contexto de inseguridad que deja vulnerables a los viajeros.
Finalmente, acusa que en la firma de la declaración no participaron instancias responsables en la materia como la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni fue aprobada por el Senado, organismo que debió analizar el documento, pues en él se establecen obligaciones para diferentes autoridades.
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“La parte quejosa en su demanda de amparo atribuye diversos vicios constitucionales en su conformación, tales como que en su conformación debieron seguirse las formalidades de para la firma de un tratado internacional, como lo es la aprobación del Senado de la República y su respectivo registro, pues al imponer obligaciones no puede considerarse solamente un acuerdo”, refiere el proyecto.
Desechan argumentos de la FJEDD
Por su parte, la ministra Esquivel desecha cada uno de los argumentos presentados por la organización de la sociedad civil. Primero, al asegurar que el despliegue de la Guardia Nacional por sí mismo no genera violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
“Como lo señaló el Comandante de la Guardia Nacional en su informe justificado, el acto de autoridad tiene como objetivo incrementar las labores de seguridad y protección de las personas migrantes en los municipios en que ingresan a México y con la finalidad de vigilar que éstos no sean objeto de actos ilícitos por parte de grupos delincuenciales, cuestión que no está desvirtuada en forma alguna”, argumentó.
Refutó también que México no pueda garantizar la seguridad de las personas retornadas desde Estados Unidos y acusa a la organización de “descononcer” que las autoridades nacionales tienen la obligación de brindarles la protección adecuada, refugio, así como el no devolverlos a otro país donde su vida corra peligro.
“Los argumentos sintetizados resultan jurídicamente ineficaces para demostrar que la actuación del Gobierno Mexicano como respuesta a la implementación del programa ‘Quédate en México’ por parte de Estados Unidos de Norte América transgrede los derechos fundamentales de las personas migrantes”, concluye el proyecto.
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La ministra Esquivel Mossa justifica que la adopción de estas medidas, que fueron acordadas por México luego de que Estados Unidos adoptara de manera unilateral el programa “Quédate en México”, fue por razones humanitarias y en cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha firmado.
En este sentido, la ministra propuso a sus compañeros rechazar el amparo promovido por la organización Fundación para la Justicia, ya que desde su punto de vista el acuerdo se trata de “una cuestión de política exterior, cuyo análisis no corresponde a este Alto Tribunal, sino al Senado de la República”, en revisión de las acciones tomadas por el Ejecutivo federal en la materia.
