En México un simple señalamiento es suficiente para que un policía o ministerial detenga a una persona, un hecho que puede ser el punto de partida de graves violaciones de los derechos humanos. Por eso senadores, diputados, organizaciones civiles como Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgieron la creación de una Ley General de Registro de Detenciones.
De acuerdo a la CNDH de 2015 a la fecha, ha documentado mil 767 detenciones arbitrarias o no denunciadas ante el Ministerio Público. A esta información debe añadirse la que está en posesión de cada una de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional explicó que los jóvenes y gente de escasos recursos son las principales víctimas de las arbitrariedades por parte de las autoridades. Entre los abusos más comunes están: la extorsión a detenidos, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivas (movimientos sociales o defensoras de los derechos humanos), detención por delitos menores y siembra de evidencia.
La organización destacó la ausencia de normatividad que afecta el comportamiento policial y es una causa adicional de preocupación, ya que las detenciones arbitrarias comúnmente involucran el uso ilegal o excesivo de la fuerza.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, Justicia y la Paz, José Antonio Ortega, calificó de suma importancia legislar para evitar las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, extorsiones y tener un registro puntual de todas las personas que son privadas de su libertad en materia federal y del fuero común.
HISTORIA DE UN SECUESTRO Y TORTURA
Gustavo Hirales Morán, con 73 años de edad, fue fundador de la Liga 23 de septiembre; cuenta su historia de detención, secuestro, tortura y encarcelamiento. Y reflexiona sobre las circunstancias actuales y las que vivió y padeció. Recuerda que en agosto de 1973 su detención fue porque las fuerzas de seguridad “perseguían a los activistas que estábamos en la clandestinidad". Lo que reclamó fue la tortura y secuestro por más de 25 días y finalmente que lo hayan consignado ante la autoridad judicial, pero mintiendo descaradamente en cuanto a las condiciones, el lugar y las fechas en que fue detenido por los agentes.
“Me detuvieron en Sinaloa en 1973, pero me consignaron en Monterrey, diciendo que me detuvieron a tres cuadras de los juzgados, lo cual fue una vil mentira’’, menciona el exguerrillero.
¿De qué manera le ejercieron tortura?
"Golpes, pocito al extremo de asfixia, toques eléctricos, pero a mis compañeros los torturaron más duro. Fueron siete años de cárcel y salí con la amnistía de José López Portillo," relata al Sol de México.
Sobre la actualidad, recapacita: “una detención arbitraria —en muchos casos— pasa a una desaparición forzada o aparecen muertos y torturados, ejemplo los jóvenes en Veracruz (Tierra Blanca 2016) detenidos por policías estatales y entregados al crimen organizado. Hemos avanzado mucho pero no suficiente. Quedan rasgos de arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad; agentes que a veces ejecutan secuestro exprés’’.
Por eso, para Gustavo es saludable que se impulse y se legisle una Ley General de Registro de Detenciones.
¿Encuentra similitudes en los años 70 con la actualidad?
"Comparado como actuaban las fuerzas de seguridad en aquel tiempo hemos avanzado mucho, ahora las redes sociales le meten ruido a la arbitrariedad, pues se expone a los transgresores de la ley, no pasa siempre, pero sí a menudo".
MILES DE FAMILIAS ENLUTADAS
El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, calificó de delicado para el gobierno federal que no haya una Ley General de Registro de Detenciones. No hay una base de datos uniforme en el país en la materia. “Una debilidad grave y sin duda se necesita un registro transparente’’.
La senadora de Morena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que son miles de familias enlutadas en materia de desaparición forzada, con fosas clandestinas y ahí están los cuerpos.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó la importancia de crear la Ley General de Registro de Detenciones, porque homologaría en todo el país a un registro al que todo ciudadano pueda tener información inmediata y expedita de ese derecho y la obligación de la autoridad de presentarlo y registrarlo.