Este viernes fueron vinculados a proceso dos personas más relacionadas con el desfalco de más de 142 millones de pesos de las arcas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), producto de una supuesta compra irregular de azúcar.
Los imputados son Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de delincuencia organizada.
Así como Gonzalo Mora Nateras, relacionado con la empresa Servicios Integrales Carregín, a través de la cual se habría realizado la malversación de recursos, y a quien además se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con ellos suman al menos seis personas las vinculadas en este caso que asciende a un total de 142 millones 440 mil 883 pesos derivado de la adquisición ilegal de siete toneladas de azúcar.
Rivera Ramos y Mora Nateras permanecerán sujetos en prisión preventiva oficiosa en el penal federal de máxima seguridad del “Altiplano”, en el Estado de México.
Sus detenciones son producto de las 22 órdenes de aprehensión que giró un juez la semana pasada en contra de 12 servidores públicos de Segalmex, cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados.
Junto a ellos, se sabe que también han sido detenidas al menos siete personas más, siendo el último de ellos Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones de Diconsa, capturado en Coahuila por elementos de la Policía Ministerial.
De ese total, hasta el momento son Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro y Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, quienes también han sido vinculados a proceso.
Además de Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregín y presunto encargado en simular la compra de la azúcar.
Ayer, sin embargo, fue liberado Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, luego de que el juez de Control consideró que no existían las suficientes pruebas en su contra.