El Estado mexicano no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que en el 2018, se ejercieron 736 mil pesos menos de lo aprobado que fue de un millón 142 mil 145 pesos, según los datos de la Tercera Entrega del Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dicho informe, basado el último año (2018) del sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales sólo 65 fueron aceptadas y 213 rechazadas, sin que se indicara la causa del rechazo.
Señaló también que el Mecanismo de Protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, “no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de los individuos que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo".
Por lo anterior, revela que de los 32 estados que confirman la Federación, sólo 25 firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo, sin que la Junta de Gobierno promoviera la implementación y su cumplimiento.
En cuanto al monitoreo de riesgos, la Secretaria de Gobernación dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticiarios o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registro y la coordinación de las Unidades Estatales de Prevención; “sin embargo no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores”.
Además, reveló que en este caso "no se acreditó haber realizado mapeo 2018", por lo que la Segob, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, en su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección "no acreditó haber realizado acciones preventivas con información monitoreada, en la que se le permitiera disminuir la incidencia delictivas en contra de los periodistas.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la entonces Procuraduria General de la República (PGR), "no realizaron acciones de difusión", mientras que la SEGOB diseñó una página de internet para difundir la operación del mecanismo en los tres niveles de gobienro y la CNDH reprodujo 54 mil 893 ejemplares para dar a conocer la situación de los periodistas en México, “no obstante, ambas entidades desconocen el alcance que tuvieron dichas acciones”.