Los Consejeros Consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se posicionaron en contra de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para trasladar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y solicitaron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de dicho órgano, a presentar una eventual acción de inconstitucionalidad.
“Como Consejeros y Consejeras nacionales de derechos humanos manifestamos nuestra más alta preocupación ya que consideramos que esa iniciativa es de notoria inconstitucionalidad e inconvencionalidad, al tiempo de representar una grave amenaza a la protección de los derechos humanos de la población”, manifestaron en una carta pública.
Te puede interesar: Marchan activistas en contra de la militarización del país en Velada por la Paz
Lo anterior, ya que diversas organizaciones de la sociedad civil, así como la propia CNDH, han documentado que las fuerzas armadas han sido partícipes en violaciones a derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, abuso de poder, tortura y desaparición forzada, por mencionar algunas.
Previo al posicionamiento de la mayoría de los consejeros, el órgano independiente sólo ha emitido su opinión una vez sobre la iniciativa desde que el presidente la envió al Congreso. La madrugada del sábado, mientras los diputados debatían la propuesta, la Comisión emitió un “respetuoso llamado” en el que pidió a los legisladores tener en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos.
En cambio, este martes seis de los nueve integrantes del Consejo de la CNDH argumentaron que la reforma constitucional planteada por el mandatario federal es incompatible con el derecho internacional y con la propia Constitución, ya que en su artículo 21 se establece que las instituciones de seguridad pública como la Guardia Nacional deben ser de carácter civil y no militar, como se pretende que suceda en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Senado.
Recordaron que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ya han señalado de manera clara que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles, sin embargo, la iniciativa prevé que las y los militares asignados a la Guardia Nacional permanezcan bajo la jurisdicción militar, desnaturalizando a esta corporación, pues su origen que es atender la seguridad ciudadana, se estaría militarizando orgánica y administrativamente, constituyendo un grave retroceso”.
De tal manera que hicieron un llamado a los senadores para que legislen en atención al bien común de la ciudadanía y en atención a posibles violaciones a los derechos humanos, pues, reiteraron, las fuerzas armadas sólo deben de participar de manera excepcional en labores de seguridad pública, de acuerdo con estándares internacionales.
Sin embargo, en caso de que los legisladores decidan votar a favor de la reforma enviada por el presidente López Obrador, los consejeros pidieron a la titular de la CNDH presentar una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que analice su factibilidad.
