/ miércoles 27 de septiembre de 2023

Organizaciones de abogados advierten que AMLO busca controlar al Poder Judicial

En un informe los organismos lamentaron que el presidente mexicano ataque directamente a las y los integrantes de la judicatura

Organizaciones de abogados de México, Estados Unidos y América Latina advirtieron que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial tienen un impacto enorme sobre el Estado de derecho, sobre el funcionamiento de la democracia e incluso sobre la economía del país, haciéndola inestable y desconfiable para inversionistas.

También alertaron que la reforma propuesta por López Obrador a la Judicatura Federal, proponiendo el uso del voto directo para conformarla, “responde no a un ánimo de fortalecer la Judicatura, sino de controlarla”.

Puedes leer también: Poder Judicial pide aumento de 4% a su presupuesto para 2024

En el informe “Diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial federal en México”, los organismos civiles lamentaron que el jefe del Ejecutivo federal, “más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”.

El documento, producido por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, manifestó que esta “campaña de ataques” está afectando seriamente la independencia y legitimidad del Poder Judicial.

Las organizaciones de abogados señalaron que en los últimos años López Obrador ha vulnerado tres principios básicos de la independencia judicial: el respeto de las instituciones de gobierno hacia la independencia de la judicatura, el ejercicio de la función judicial basada en la ley y no en presiones externas y los intentos por politizar la justicia.

A partir de una reforma constitucional de 1994, añade el informe, “el Poder Judicial Federal se fortaleció para consolidarlo como un poder independiente de los otros poderes públicos, y con una profesionalización y carrera judicial que ha sido ejemplo en la región, sin perder de vista aspectos con áreas de oportunidad”.

“Desafortunadamente, actualmente el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en el blanco de una campaña de ataques, afectando seriamente su independencia y legitimidad”, menciona el documento.

Resultado de no seguir la agenda del gobierno de la 4T

Al menos desde 1994, agregaron las organizaciones civiles de abogados, “ha habido reglas no escritas para el nombramiento de las y los ministros, incluyendo un balance entre integrantes de la carrera judicial federal y juristas de otros ámbitos de la abogacía”.

Aunque es natural la tensión entre los poderes ejecutivos y legislativos, destacaron, “el respeto al judicial ha sido una constante que se rompió con el mandato del Presidente López Obrador”.

“El PJF ha sido una de las instituciones más cuestionadas por el gobierno del Presidente López Obrador, quien ostenta el cargo en la actualidad desde el 1º de diciembre de 2018. El Presidente, más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”, enfatizaron.

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Exponen que “se ha vuelto una práctica recurrente por parte del Presidente de la República, de algunas gobernadoras y gobernadores y de otros funcionarios afines, atacar al poder judicial por la realización de su función si esta no favorece sus intereses o no avanza su agenda de gobierno”.

“Esto representa no solamente un ataque a la independencia judicial en abstracto, sino una vulneración a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que podría resultar en responsabilidad para el mismo”.

El informe indica que para la justicia internacional estos ataques de López Obrador al Poder Judicial “resultan alarmantes por el papel de México como un líder regional en muchos aspectos relevantes para el Estado de derecho”.

“Es claro que, si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos”.

Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), manifestó que es preocupante verificar que en México existan “reacciones y presiones en contra de la judicatura federal independiente”.

“Tenemos que tener claro que en democracia la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente. La FLAM está preocupada, alerta y proactiva para denunciar los ataques a juezas y jueces a nivel internacional”, expuso.

Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, anotó que estos ataques del presidente López Obrador “buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno”.

“Juezas y jueces que respondan a intereses más allá del derecho son cómodos para el gobierno, pero peligrosos para todas las personas que acuden a un juez en busca de justicia. Es fundamental que la comunidad jurídica nacional e internacional trabaje en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”, subrayó.

Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, indicó que el acceso a la justicia es un derecho humano y, por lo tanto, no está sujeto a negociación.

“El ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial no autoriza la violación de la independencia judicial y con ello la vulneración de derechos humanos”, sostuvo.

En el diagnóstico también se menciona que tres acciones específicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “incomodaron” al presidente López Obrador:

La invalidación de la reforma que ordenaba el traslado operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (18 de abril), la invalidación de los dos decretos de las reformas a leyes de carácter político-electoral debido a transgresiones al proceso legislativo (8 de mayo y 22 de junio), y la invalidación del decreto para considerar como de seguridad nacional e interés público diversas obras prioritarias por interferir con atribuciones propias del Instituto Nacional de Transparencia (18 de mayo).

Los organismos de abogados subrayaron que como parte del “ataque sistemático” a la Judicatura, y a la resistencia de la SCJN y el Poder Judicial para mantenerse independiente, “el Presidente López Obrador mencionó que había que ajustar el presupuesto de la Judicatura”.

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Integrantes del Congreso y miembros del partido del presidente --añade el diagnóstico-- “anunciaron ya la discusión de un corte drástico a la judicatura federal”.

“Los legisladores del partido político Morena en la Cámara de Diputados han anunciado un recorte entre el 15 y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido repetidamente que una reducción en el presupuesto del Poder Judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia, producir demoras en los nombramientos y aumentar el número de funcionarios en carácter provisional”.

Organizaciones de abogados de México, Estados Unidos y América Latina advirtieron que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial tienen un impacto enorme sobre el Estado de derecho, sobre el funcionamiento de la democracia e incluso sobre la economía del país, haciéndola inestable y desconfiable para inversionistas.

También alertaron que la reforma propuesta por López Obrador a la Judicatura Federal, proponiendo el uso del voto directo para conformarla, “responde no a un ánimo de fortalecer la Judicatura, sino de controlarla”.

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En el informe “Diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial federal en México”, los organismos civiles lamentaron que el jefe del Ejecutivo federal, “más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”.

El documento, producido por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, manifestó que esta “campaña de ataques” está afectando seriamente la independencia y legitimidad del Poder Judicial.

Las organizaciones de abogados señalaron que en los últimos años López Obrador ha vulnerado tres principios básicos de la independencia judicial: el respeto de las instituciones de gobierno hacia la independencia de la judicatura, el ejercicio de la función judicial basada en la ley y no en presiones externas y los intentos por politizar la justicia.

A partir de una reforma constitucional de 1994, añade el informe, “el Poder Judicial Federal se fortaleció para consolidarlo como un poder independiente de los otros poderes públicos, y con una profesionalización y carrera judicial que ha sido ejemplo en la región, sin perder de vista aspectos con áreas de oportunidad”.

“Desafortunadamente, actualmente el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en el blanco de una campaña de ataques, afectando seriamente su independencia y legitimidad”, menciona el documento.

Resultado de no seguir la agenda del gobierno de la 4T

Al menos desde 1994, agregaron las organizaciones civiles de abogados, “ha habido reglas no escritas para el nombramiento de las y los ministros, incluyendo un balance entre integrantes de la carrera judicial federal y juristas de otros ámbitos de la abogacía”.

Aunque es natural la tensión entre los poderes ejecutivos y legislativos, destacaron, “el respeto al judicial ha sido una constante que se rompió con el mandato del Presidente López Obrador”.

“El PJF ha sido una de las instituciones más cuestionadas por el gobierno del Presidente López Obrador, quien ostenta el cargo en la actualidad desde el 1º de diciembre de 2018. El Presidente, más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”, enfatizaron.

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Exponen que “se ha vuelto una práctica recurrente por parte del Presidente de la República, de algunas gobernadoras y gobernadores y de otros funcionarios afines, atacar al poder judicial por la realización de su función si esta no favorece sus intereses o no avanza su agenda de gobierno”.

“Esto representa no solamente un ataque a la independencia judicial en abstracto, sino una vulneración a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que podría resultar en responsabilidad para el mismo”.

El informe indica que para la justicia internacional estos ataques de López Obrador al Poder Judicial “resultan alarmantes por el papel de México como un líder regional en muchos aspectos relevantes para el Estado de derecho”.

“Es claro que, si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos”.

Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), manifestó que es preocupante verificar que en México existan “reacciones y presiones en contra de la judicatura federal independiente”.

“Tenemos que tener claro que en democracia la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente. La FLAM está preocupada, alerta y proactiva para denunciar los ataques a juezas y jueces a nivel internacional”, expuso.

Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, anotó que estos ataques del presidente López Obrador “buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno”.

“Juezas y jueces que respondan a intereses más allá del derecho son cómodos para el gobierno, pero peligrosos para todas las personas que acuden a un juez en busca de justicia. Es fundamental que la comunidad jurídica nacional e internacional trabaje en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”, subrayó.

Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, indicó que el acceso a la justicia es un derecho humano y, por lo tanto, no está sujeto a negociación.

“El ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial no autoriza la violación de la independencia judicial y con ello la vulneración de derechos humanos”, sostuvo.

En el diagnóstico también se menciona que tres acciones específicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “incomodaron” al presidente López Obrador:

La invalidación de la reforma que ordenaba el traslado operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (18 de abril), la invalidación de los dos decretos de las reformas a leyes de carácter político-electoral debido a transgresiones al proceso legislativo (8 de mayo y 22 de junio), y la invalidación del decreto para considerar como de seguridad nacional e interés público diversas obras prioritarias por interferir con atribuciones propias del Instituto Nacional de Transparencia (18 de mayo).

Los organismos de abogados subrayaron que como parte del “ataque sistemático” a la Judicatura, y a la resistencia de la SCJN y el Poder Judicial para mantenerse independiente, “el Presidente López Obrador mencionó que había que ajustar el presupuesto de la Judicatura”.

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Integrantes del Congreso y miembros del partido del presidente --añade el diagnóstico-- “anunciaron ya la discusión de un corte drástico a la judicatura federal”.

“Los legisladores del partido político Morena en la Cámara de Diputados han anunciado un recorte entre el 15 y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido repetidamente que una reducción en el presupuesto del Poder Judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia, producir demoras en los nombramientos y aumentar el número de funcionarios en carácter provisional”.

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