/ jueves 18 de marzo de 2021

Organizaciones exigen un alto al acoso e intimidaciones contra Cecilia Solís, periodista de Quintana Roo

La última de estas agresiones ocurrió esta semana cuando campañas de desprestigio surgieron en Facebook acusando a la periodista de que “le estaban pagando para golpear a Morena"

Luego de que la periodista Cecilia Solís Martín, conductora del programa Informedia TV y reportera del Diario de Quintana Roo, y sus familiares han sido víctimas de vigilancia, mensajes intimidatorios, daño a su vehículo y campañas de estigmatización desde febrero, diversas organizaciones se unieron para exigir un alto al acoso e intimidaciones contra la reportera.

De acuerdo con Artículo 19, organización encargada de la defensa del derecho a la libertad de expresión, la última de estas agresiones ocurrió esta semana cuando campañas de desprestigio surgieron en Facebook acusando a la periodista de que “le estaban pagando para golpear a Morena y a Mara Lezama”, presidenta municipal de Benito Juárez.

Sin embargo, el inicio de estos hechos se dio el 9 de noviembre de 2020, cuando a balazos, policías municipales de Cancún y del mando único de Quintana Roo dispersaron una protesta feminista que se desarrollaba frente a la Fiscalía General de la República, donde once manifestantes y dos periodistas que cubrían la manifestación, entre ellas Solís, resultaron con heridas de bala.

➡️ Reportan desaparición del periodista Jorge Molontzín en Sonora

El caso volvió al escenario público desde el 28 de febrero cuando una jueza ordenó prisión preventiva oficiosa a 10 de los 11 policías imputados. Desde entonces “he sido una cara visible de las víctimas del 9 de noviembre quienes exigimos justicia. Fui a la Ciudad de México a exigir avances en la investigación, y desde que regresé ha habido varios eventos extraños. Me dijeron que ‘abrí una caja de Pandora’” dijo Solís a Artículo 19.

Entre las agresiones de las que ha sido víctima, describe, se encuentran persecución policíaca por parte de dos patrullas de Fuerza Única de Quintana Roo, sujetos desconocidos preguntando por ella fuera de su casa e incluso mensajes intimidatorios mediante uno de sus familiares, cuya identidad se reserva por seguridad.

Las últimas agresiones se dieron desde el 12 de marzo, cuando surgieron videos e imágenes en la red social Facebook a través de cuentas temporales en los cuales se “desvirtúan las exigencias de justicia de Solís y las víctimas, diciendo que la periodista está siendo pagada por Pedro Haces, del Partido Fuerza Social, para golpear a Morena” y a la presidente municipal de Benito Juárez.

Ante estos hechos organizaciones CIMAC y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), entre otras, hicieron un llamado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para reforzar el plan de protección Cecilia Solís.

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“Para las organizaciones firmantes es de suma preocupación que quienes ejercen su libertad de expresión y buscan justicia por violaciones de derechos humanos ejercidas por las autoridades sean sujetas a represalias”, señalaron.

Además, conminaron a la Fiscalía del estado, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) a proteger, en acorde a sus funciones, a Cecilia Solís y todas las víctimas quienes están siendo parte de dichos procesos, así como al gobierno del estado y al ayuntamiento municipal de Benito Juárez.

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De acuerdo con Artículo 19, organización encargada de la defensa del derecho a la libertad de expresión, la última de estas agresiones ocurrió esta semana cuando campañas de desprestigio surgieron en Facebook acusando a la periodista de que “le estaban pagando para golpear a Morena y a Mara Lezama”, presidenta municipal de Benito Juárez.

Sin embargo, el inicio de estos hechos se dio el 9 de noviembre de 2020, cuando a balazos, policías municipales de Cancún y del mando único de Quintana Roo dispersaron una protesta feminista que se desarrollaba frente a la Fiscalía General de la República, donde once manifestantes y dos periodistas que cubrían la manifestación, entre ellas Solís, resultaron con heridas de bala.

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El caso volvió al escenario público desde el 28 de febrero cuando una jueza ordenó prisión preventiva oficiosa a 10 de los 11 policías imputados. Desde entonces “he sido una cara visible de las víctimas del 9 de noviembre quienes exigimos justicia. Fui a la Ciudad de México a exigir avances en la investigación, y desde que regresé ha habido varios eventos extraños. Me dijeron que ‘abrí una caja de Pandora’” dijo Solís a Artículo 19.

Entre las agresiones de las que ha sido víctima, describe, se encuentran persecución policíaca por parte de dos patrullas de Fuerza Única de Quintana Roo, sujetos desconocidos preguntando por ella fuera de su casa e incluso mensajes intimidatorios mediante uno de sus familiares, cuya identidad se reserva por seguridad.

Las últimas agresiones se dieron desde el 12 de marzo, cuando surgieron videos e imágenes en la red social Facebook a través de cuentas temporales en los cuales se “desvirtúan las exigencias de justicia de Solís y las víctimas, diciendo que la periodista está siendo pagada por Pedro Haces, del Partido Fuerza Social, para golpear a Morena” y a la presidente municipal de Benito Juárez.

Ante estos hechos organizaciones CIMAC y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), entre otras, hicieron un llamado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para reforzar el plan de protección Cecilia Solís.

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“Para las organizaciones firmantes es de suma preocupación que quienes ejercen su libertad de expresión y buscan justicia por violaciones de derechos humanos ejercidas por las autoridades sean sujetas a represalias”, señalaron.

Además, conminaron a la Fiscalía del estado, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) a proteger, en acorde a sus funciones, a Cecilia Solís y todas las víctimas quienes están siendo parte de dichos procesos, así como al gobierno del estado y al ayuntamiento municipal de Benito Juárez.

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