La confianza que ha depositado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Ejército mexicano para la construcción de las obras insignia de su gobierno, así como la designación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de espacios de carácter civil, genera riesgos de corromper a la institución o que busque generar una agenda propia del militarismo, coinciden expertos en el tema.
Al encargarse de la construcción de todas estas obras y otras más, y gozar de mayor presupuesto, uno de los riesgos es que puede conllevar a darse casos de corrupción, explica Paloma Mendoza Cortés, especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas. “Mientras no exista una adecuada transparencia de recursos públicos y acceso a la información de las obras siempre existirá ese riesgo”, dice.
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Y es que al menos en 127 ocasiones el Gobierno federal y en 100 ocasiones las entidades federativas, le asignaron funciones, actividades y facultades de carácter civil a las fuerzas armadas entre 2006 y 2021, de acuerdo con el informe “Inventario Nacional de lo Militarizado”, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La especialista en temas de militarismo expone que el problema aparece cuando ante la ineficiencia de las instituciones civiles se llama a los militares, basándose en los criterios de eficiencia y honestidad: “Analistas como Verdes-Montenegro llaman ‘honestismo militar’, pero resulta que tiempo después, algunos militares empiezan a mostrar los mismos signos que caracterizaban a los funcionarios y burócratas civiles a los cuales reemplazaron”.
Ejemplifica su punto con el caso de corrupción publicado por el diario El País, en agosto de 2020, en el que se denuncia cómo el Ejército desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019. “No se trata del primer caso de corrupción en la Sedena y deja muchas dudas sobre la efectividad de la inspección y contraloría general del Ejército, no sólo para detectar, sino para sancionar los casos de desvío de recursos a empresas fantasma y compras a sobreprecios”.
De acuerdo con el inventario, entre las tareas asignadas a los militares se encuentran labores de salud, educación, obras públicas y política social, responsabilidades que ya existían desde hace años, sin embargo, se potenciaron con la llegada del gobierno morenista.
En el ámbito federal, por ejemplo, el gobierno le encargó la administración y construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la distribución y resguardo de las vacunas contra Covid-19, la reconstrucción de hospitales a nivel nacional, la repatriación de mexicanos en el extranjero e incluso el Consejo de la Judicatura Federal le encargó la remodelación y rehabilitación de edificios para juzgados federales.
En tanto, en el ámbito estatal, diversos gobernadores le han encargado tareas similares a las Fuerzas Armadas. En 2014, por ejemplo, el gobierno de Michoacán le dio recursos para que se encargara de las funciones de seguridad pública en el municipio de Lázaro Cárdenas; mientras que en 2018 el estado de Nuevo León le encargó la construcción de un bachillerato militarizado en el municipio de Apodaca, que se sumó a una lista de 25 bachilleratos con estas características.
Los casos de corrupción no son los únicos riesgos en los que puede verse envuelta la institución.
Si constantemente se le dan tareas y se les usa para todo, lo que buscará es tener autonomía en la jurisdicción que se les mandata, y eso no es exclusivo del Ejército, puede ocurrir en cualquier institución, advierte José Enrique Coutiño Trejo, asistente de investigación del CIDE y especialista en políticas públicas.
“En la búsqueda de la autonomía puede generar intereses propios; pueden desarrollar una agenda propia. Y esto también es la otra cara del militarismo. No es solamente la parte de cómo de ciudadanía privilegiamos ciertas personas, ciertos puestos, ciertas formas de pensar. La otra parte es política del militarismo y el Ejército o una parte de esta institución, porque no hay que pensarlo como una organización de personas que están organizadas para buscar ciertos fines…
“Y esto pues ya no hablemos (sólo) de la Constitución, (porque) puede cambiar muchas cosas en la Constitución, pero puede generar ciertos cambios en el sistema político mexicano, en nuestro orden jurídico y en cómo vivimos cada persona nuestro día a día”, destaca.
En contraste, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), rechaza que se den estos riesgos dentro de las Fuerzas Armadas, ya que el Ejército cuenta con la mayor aprobación por parte de la población y los militares conocen cuáles son sus límites dentro de la política.
Por ese motivo, dice, hay al menos tres razones por las que el mandatario mexicano se ha apoyado en ellos para sus proyectos estratégicos. La primera es porque son instituciones cuyos oficiales y jefes tienen probadas capacidades en materia de desarrollo de infraestructura estratégica para el país.
En segundo lugar, generan confianza. La Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano cuentan con 90 por ciento de aprobación por parte de la población.
“Tercero. Además de contar con las capacidades profesionales también cuentan con un estado de fuerza humano, con la capacidad de despliegue logístico en zonas del país para el desarrollo de sus estructuras estratégicas y la disciplina que difícilmente se puede ver en alguna otra institución del Estado mexicano”, asegura el también integrante del Colectivo del Análisis de la Seguridad con Democracia.
En cuanto a lo político, expresa que no hay riesgo en lo más mínimo, debido a que desde 1946 los militares entregaron el poder bajo el mando de los civiles, y desde entonces no ha habido ningún intento de golpe de Estado en el país.
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“Los militares y los marinos conocen perfectamente cuáles son sus límites de participación política. No hay ningún gobernador, ningún senador de la República, no hay diputados ahora, por ejemplo, tampoco militares en retiro. Tampoco están al frente de las principales empresas del país, como sucede en otros países”, destaca.
