La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó y expresó su preocupación por el tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, y dejo en claro que el hecho evidencia la gravedad de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad, así como la debilidad del Estado de Derecho.
El organismo sentenció que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, desde hace años y hasta hoy, "no han podido garantizar para todas las personas condiciones de seguridad para la convivencia pacífica que permitan la vigencia de los derechos humanos en el país".
Por lo anterior, externó su solidaridad a las víctimas de esos hechos de violencia y sus familiares, y enfatizó que la violencia en las escuelas no es ocasional, sino cotidiana y común, que se manifiesta de muchas maneras.
"En los últimos años ha convertido a los planteles en espacios de riesgo, por lo cual debe impulsarse la educación en derechos humanos como estrategia de intervención para atender la violencia escolar, ya que sus principios fortalecen el respeto a la dignidad humana, la conciencia y la responsabilidad social, además de que promueven la participación ciudadana responsable y encaminada al bienestar social; critican las estructuras violentas y cuestionan todas aquellas que atentan contra la integridad personal", sostuvo la CNDH.
Insistió en que se debe de comprender que la violencia en los centros educativos implica tomar en cuenta que existe una diversidad de prácticas violentas y de actores involucrados en un espacio que produce, legitima, promueve y transmite valores, creencias, normas, reglas y formas de ver el mundo que tienen impacto en la socialización de niñas, niños y adolescentes.
"La violencia escolar constituye un obstáculo importante para el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, así como para las relaciones sociales en la misma, y contribuye al desarrollo de graves problemas psicológicos y de integración social en el alumnado implicado en las dinámicas violentas", dice la Comisión.
La CNDH puntualizó que la institución educativa y todos sus integrantes tienen un papel central en la erradicación de la violencia escolar y en la construcción de espacios de convivencia escolar pacífica, donde sean respetados sus derechos fundamentales, de ahí que las estrategias de intervención destinadas a la erradicación de esta problemática deberán contemplar todos aquellos factores que componen dicho fenómeno y convocar a la participación de todas las personas que integran la comunidad educativa para hacer frente a los factores que promueven, legitiman, refuerzan y normalizan las prácticas dañinas.