Este martes fue aprobada por tercera vez consecutiva la extensión al régimen de excepción para combatir a las pandillas, la ratificación esta envuelta en un contexto en el que diversas ONG´s han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos.
Tras un repunte de homicidios a fines de marzo que no se veía desde la guerra civil, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención y la inviolabilidad de la correspondencia.
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La nueva extensión de esas medidas, que será por 30 días, fue aprobada por el legislativo salvadoreño, dominado por grupos afines a Bukele, con 67 votos a favor y 15 en contra.
"Estamos decididos a apoyar no solo una (prórroga) más, sino las que sean necesarias a la solicitud del Gobierno, porque es lo que está pidiendo la población", dijo a la prensa el jefe de facción del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara.
En los tres meses de implementación de la estrategia, avalada en encuestas por el 70 por ciento de los salvadoreños, los cuerpos de seguridad han arrestado a más 41 mil 300 personas por supuestamente pertenecer o colaborar con las pandillas.
A mediados de mayo, Reuters reportó que, en medio del primer periodo de estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
"El régimen de excepción a estas alturas no tiene base constitucional, las prórrogas son inconstitucionales, no hay ninguna motivación ni una razón constitucional por las que el régimen deba seguirse prorrogando", afirmó a periodistas el abogado Abraham Ábrego, de la organización centroamericana Cristosal, que ha denunciado la muerte de 46 arrestados.
En sus primeros meses en el cargo, Bukele redujo drásticamente el número de homicidios granjeándole un éxito sin precedentes. Sin embargo, el año pasado se supo que la cifra había sido lograda luego de reuniones furtivas con jefes de las pandillas a cambio de beneficios carcelarios.
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El medio digital El Faro fue quien filtró los audios donde se evidencia el acuerdo de los funcionarios bukelistas con cabecillas de las pandillas, frente a estas acusaciones, el mandatario no ha dicho ni una sola palabra.
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