En México mueren diariamente cuatro niños y niñas por la violencia familiar en que viven, y persiste una alta marginación en las primarias en contra de los alumnos por su color, presentar alguna discapacidad o por pertenecer a una comunidad indígena, señaló Margarita Urías, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

También lamentó que en Sinaloa haya un rechazo a cambiar de paradigma en cuanto a la atención y protección de los niños, pues se les quiere seguir viendo como propiedad de los padres de familia y no como ciudadanos de una sociedad que tienen derecho a decidir.

Ante esta situación, comentó que se ha estado trabajando en la creación de nuevas leyes y nuevas instituciones para garantizar ese derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes para ser tratados como ciudadanos.

“La propuesta es seguir trabajando para que no haya discriminación por color, discapacidad ni por edad, etnia ni por pertenecer a una comunidad indígena jornalera migrante”, expresó.

Antes, recordó, había una dependencia que se llamaba Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y el concepto menor implicaba una discapacidad de las niñas y los niños.

Sin embargo, dijo, a partir del 2014 se hicieron cambios legales y entonces ya los niños son ciudadanos, no son menores, no son cosas, no son objetos. Los padres no son dueños. El estado regula muchas situaciones, y este cambio generó inquietud por el entorno cultural en donde los adultos decidían por los niños.

El problema es, dijo, que en Sinaloa la sociedad no quiere adaptarse al nuevo paradigma y se quiere mantener la visión de que las niñas y niños sean propiedad de sus padres que éstos decidan por aquellos.