El paquete presupuestal presentado para 2020 es sobrio en materia de ingreso y gasto público, conservador en el manejo de la deuda pública, optimista respecto a las expectativas de crecimiento, con vacíos en materia de política industrial y fomento a la inversión privada; y vinculado con los primeros resultados de la actual administración federal. El mensaje más contundente es que la disciplina fiscal y el gasto social son priorizados sobre el crecimiento. Lo primero que será evidente es que los pronósticos oficiales del PIB para el cierre del 2019 y el 2020 tendrán una baja probabilidad de ocurrencia.
¿Por qué el presupuesto es sobrio?: la estimación realizada para los ingresos totales presenta una variación de cero por ciento en 2020 respecto al estimado para el cierre de 2019. La restricción de ingreso permite entender uno de los factores que incidió en la disminución presupuestal para proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.
La variación nula en ingreso se dará a pesar de la estimación de mayor crecimiento (2%): el aumento en los ingresos tributarios, y el alza proyectada en la producción de petróleo (casi 250 mil barriles diarios) no compensarán la contracción prospectada de los ingresos petroleros. Pero ¿qué ocurrirá si el crecimiento económico es inferior?, ¿qué pasa si el supuesto de aumento de 1.1 por ciento en la actividad industrial de Estados Unidos no se cumple?, ¿realmente se alcanzará el incremento en la producción de petróleo? En materia de gasto se prevé un aumento de sólo 0.9 por ciento en referencia a la estimación del que se ejercerá para el cierre del año.
El proyecto de presupuesto para 2020 es alcanzable, sin embargo, ello es fruto de un recorte en la inversión física real de 5.4 por ciento: por segundo año consecutivo, el Gobierno de México centrará su inversión en pocos proyectos, esencialmente en Pemex. El resto del sector público deberá ajustar su inversión física a la baja. ¿Por qué es conservador?: el superávit primario esperado, 0.7 por ciento como proporción del PIB, es una señal para los mercados y analistas financieros de que no habrá mayor endeudamiento.
Se estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público Federal disminuirán 2.6 por ciento como proporción del PIB y que su Saldo Histórico se mantendrá en el mismo rango de los tres últimos años.
No obstante, el desafío vendrá por el lado de la calificación crediticia de Pemex: si se mantiene se podrá tener un manejo estable de las finanzas públicas, en caso contrario el escenario se modificará sustancialmente.
Mucho de ello dependerá de que se consolide el aumento en la producción de petróleo planteado, de que el cambio en el modelo de negocio de la empresa sea tangible y que se logré una negociación exitosa en la reestructuración de sus compromisos financieros.
¿Por qué optimista?: el mediocre desempeño de la economía nacional de los últimos 20 años se exacerbó por la desaceleración industrial observada desde junio del 2018, particularmente en la construcción, y por los cambios implementados en la arquitectura y administración de las finanzas públicas durante el periodo de transición electoral y los primeros meses del actual sexenio.
No obstante lo anterior, y que la economía únicamente creció 0.2 por ciento en el primer semestre, el presupuesto de 2020 vuelve a presentar un pronóstico del PIB centrado dos por ciento, algo que será difícil de lograr y que amerita una revisión particular.
