Eugenio Monterrey Chepov
En 2015 se reformó la Constitución para establecer un mecanismo integrador que es el Sistema Nacional Anticorrupción y la réplica de este esquema en lo local para combatir la corrupción. Sin embargo, del conjunto de reformas que se gestaron en esa época, sostengo que de todas ésta fue la que menos se desarrolló. Las razones pueden elucubrarse, pero sin duda resultó incómoda desde su creación a la fecha.
Por ello, me permito enunciar algunos de los principales retos que el combate a la corrupción en México se ha enfrentado, a pesar de la reforma de 2015.
Esa incomodidad ha impedido una verdadera y eficaz política nacional de Estado de combate a la corrupción. La finalidad de la reforma fue evitar la fragmentación de los esfuerzos, sobre todo gubernamentales, en ese combate, para caminar hacia un esquema nacional en que Federación y entidades federativas al unísono golpearan con mayor eficacia y sentido común a la corrupción.
Asimismo, se produce un efecto pernicioso de esfuerzos fragmentados. El crisol variopinto de medidas conlleva a disparidades que, para los corruptos, se vuelven nichos de oportunidad para seguir delinquiendo y mantener esa aura perversa de impunidad.
Otro desafío es que no se ha logrado entender, desde mi punto de vista, que el combate a la corrupción comprende, por lo menos, cuatro grandes etapas: prevenir, identificar, investigar y sancionar. Me parece que a veces nos circunscribimos en una o dos de esas etapas, pero no en la totalidad del círculo virtuoso, por lo que nos quedamos incompletos. Sobre todo, lamentablemente no llegamos al culmen de ese proceso: la sanción.
Me pregunto si ¿realmente tenemos verdaderos casos de sanción de asuntos de corrupción? En mi opinión, no. Desde que se crearon los sistemas anticorrupción, en México sólo hemos tenido casos ridículamente armados para llamar la atención de los medios sin mayores consecuencias.
Otro elemento es reconocer que hay una sistematicidad en el proceso de corrupción. Ésta no es aislada, no es la corrupción del modesto policía de tránsito, tampoco lo es la de la sencilla oficinista responsable del trámite. La corrupción es toda una enorme maraña que cubre todo el espectro de rangos jerárquicos del Gobierno y de la sociedad.
En la corrupción van de la mano el alto funcionario y el más cotizado empresario junto con las filas más austeras de empleados públicos y ciudadanos de a pie.
Finalmente, un desafío que es coyuntural: que el combate a la corrupción forme de nueva cuenta parte de la agenda pública, sobre todo, de los nuevos gobiernos recientemente electos. Hay que decirlo: esta asignatura ha sido rezagada a un ínfimo plano. Por ejemplo, hemos visto casos de sistemas anticorrupción o fiscalías de combate a la corrupción que prefieren bajar la cortina porque la mejor manera de desincentivarlos es no darles presupuesto, en una lógica malentendida de austeridad.
Y, por último, esto nos hace cuestionar entonces si sirve el diseño institucional que se gestó en 2015. Sí, claro que sí.
El problema no es el modelo, el problema es que no quieren que sea eficaz y funcional. Lo he dicho en otras ocasiones: es una reforma a la que debe dársele la oportunidad de que se ponga en marcha en serio, no con protocolos, ni reuniones estériles, que sirven más para la foto que para cumplir la única finalidad de estos esquemas: combatir la corrupción castigándola.
Comisionado INAI
