Cada quien tiene su forma de matar pulgas…
Como la implementación de una estrategia en materia de seguridad pública radicalmente diferente a la seguida principalmente en México y por la que Nayib Bukele está cosechando abundantes frutos, según los resultados preliminares de las elecciones realizadas en el Salvador, en las que se adelantó a proclamarse el ganador con un 85 por ciento favorable de la votación y que además le asegura una aplastante mayoría en la Asamblea, jactándose de haber “roto todos los récords de todas las democracias en la historia mundial” y más envalentonado afirmando el apoyo popular para seguir en el mismo camino. No hay duda de que el éxito se atribuye principalmente a las medidas de mano dura contra las pandillas que asolaban a la sociedad salvadoreña haciendo del país uno de los lugares más peligrosos del mundo, pero también, las mismas son muy discutidas por instituciones nacionales e internacionales que centran sus críticas en el impacto que estas tienen en la violación de los derechos humanos.
Diversas fuentes mencionan, entre ellas La Universidad Centroamericana (UCA), que en 2015 el Salvador observaba uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina, alcanzando la escandalosa cifra de cien (100) homicidios intencionales por cada cien mil habitantes en tanto que actualmente, en la era Bukele, los datos oficiales registran siete punto ocho (7.8) homicidios por cada cien mil habitantes en 2022, con tendencia a la baja.
Esto, contrastado con los resultados reportados por el INEGI con respecto a México donde: en 2015 se registraron veintiocho (28) homicidios por cada cien mil habitantes, en 2018 veintinueve (29) homicidios por cada cien mil habitantes y en 2022, veintiséis punto once (26.11) por cada cien mil habitantes, la diferencia de efectividad entre las estrategias de inmediato salta a la vista.
Desde luego que el problema de la criminalidad en el Salvador y en México es mucho más complejo y diferenciado, ya que sus circunstancias específicas obedecen principalmente a factores socioeconómicos que en cada país su gobierno está tratando de contrarrestar según su “leal saber y entender”. Por un lado, pegarle indiscriminadamente a todo lo que se mueve, en franca violación de los derechos humanos, atiborrar las cárceles y construir nuevas para albergar más “huéspedes”, alcanzando a la fecha el índice de seiscientos diez (610) presos por cada cien mil habitantes y en aumento, a diferencia, en México, impera como política pública para combatir al crimen organizado la sentencia de “abrazos no balazos”, con una efectividad nula y claramente contraproducente, según algunas voces calificadas como expertas y cuya implementación ha estimulado el avance territorial de los grupos de delincuentes que proliferan rápidamente. En ambos casos se observa la permanente violación a las leyes legítimamente vigentes, bajo el argumento de que todas sus acciones, incluso las que implican delitos, están respaldadas por el pueblo que los avala con su voto.
En ambos países los daños colaterales se están incrementando entre sectores cada vez más amplios, sea por las arbitrariedades que se cometen diariamente en el Salvador con el pretexto de combatir frontalmente a la delincuencia o bien, por la inacción de la autoridad mexicana para contener en forma efectiva a los grupos de la delincuencia organizada. El dilema es
“…a balazos o dejar pasar dejar hacer”
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