Por Tania Naanous y Samuel Meschoulam
Hace exactamente 180 años, en nuestro país se propuso el primer intento de dotar a la población con un mecanismo de protección en contra de actos de la propia autoridad, el Amparo. Recurso que ha sido modificado para bien y que, de la mano de otros como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, dan una garantía a la ciudadanía de que el gobierno no lo puede todo, y que los derechos fundamentales pueden defenderse incluso de la figura presidencial.
Los gobiernos alrededor del mundo han ido cambiando para poco a poco mejorar en un sentido en el que no dejen de existir poderes absolutos, que las personas en el servicio público se deban a la legalidad, que provenga de una democracia representativa y se pueda construir la paz desde la base.
El 22 de noviembre se expide un decreto presidencial en el que se declara como “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a la infraestructura”, de forma que el presidente pone en riesgo el estado de derecho, poniendo como ley suprema su libre arbitrio.
Esto genera problemáticas diversas. Primero, esto impide que se analice la legalidad de las obras públicas. Al declararlas de interés público y seguridad nacional no permite que nadie denuncie regularidades de ningún tipo. Segunda, se pueden llevar a cabo sus obras de manera unilateral sin cumplir su obligación de transparencia y rendición de cuentas. Por último, esto muestra una acción unilateral que fractura el equilibrio de los poderes.
Esta fractura tiene consecuencias estructurales, el Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional dedicada al estudio de la paz explica que existen 8 pilares de la paz que contribuyen a que un país sea más pacífico. Entre ellos, se encuentra <un gobierno que funcione eficazmente> y para lograrlo se necesita que tanto las autoridades como la ciudadanía puedan desempeñar un rol activo en esta dinámica, creando instituciones sólidas. Esta ruptura nos aleja de nuevo de esta construcción de paz.
Hoy nos toca ser una ciudadanía crítica y actuar de manera inteligente e informada, conocer los mecanismos de defensa que tenemos, ciudadanía y servicio público, ante actos de autoridad contrarios a la constitución y a los derechos más fundamentales, así como para exigir a las autoridades que velen por la garantía de estos derechos. Nos toca quejarnos de lo que sea incorrecto e ilegal, aunque eso obstaculice los planes del gobierno, pues no deben olvidar que no gobiernan en solitario, sino que nos representan a nosotrxs.
