/ lunes 26 de octubre de 2020

Derechos de personas de diversidad sexual

Todavía en decenas de países se considera a la homosexualidad un delito, la prohiben y castigan de manera cruel. Las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género se manifiestan desde la discriminación en la educación o para obtener trabajo, hasta crímenes de odio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos inhumanos o degradantes. Se imagina usted que en pleno siglo XXI haya sociedades tan arcaicas y sumidas en este barbarismo? Que pretendan imponer o controlar cómo deben vivir otras personas sus relaciones personales? Cuestionen una persona ame a quién quiera amar? Pues pasa!


El 1993 la Organización Mundial de la Salud retiró del “Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales” a la homosexualidad. En los países democráticos se comenzó a reconocer los derechos de la comunidad LGBTTTI; las leyes se reforman para establecer que ser homosexual, lesbiana o trans no podía ser una condición para la exclusión legal o discriminación. En México la primera referencia queda inscrita en las reformas al artículo 1 constitucional del 4 de agosto de 2001 donde se señala nadie puede ser discriminado por su preferencia; si bien no queda inscrita como “preferencia sexual” todos sabemos qué se refería.


Aún así, persisten muchos obstáculos discriminatorios; algunas leyes o prácticas desde los registros civiles impiden el derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo, por lo que las obligan a ampararse. Como sabemos ya hay jurisprudencia a su favor y aunque la ley diga que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con el amparo la autoridad tiene la obligación de atender la solicitud del matrimonio. Y lo mismo para aquellas parejas que quienes tener familia o adoptar.


No deja de ser interesante el comentario del Papa Francisco en una entrevista hace unos días donde dijo que “lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente”. Más allá de cómo se quiera interpretar lo que dijo el Papa, pone el tema a discusión y es una rayita a favor para que quienes profesan esa religión y buscan cierta empatía por parte de su iglesia.


Desde el Partido de la Revolución Democrática seguimos promoviendo el matrimonio igualitario, (no las uniones civiles); que las parejas de la diversidad sexual gocen de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y lo acabamos de refrendar en un acto de compromiso con la comunidad para integrar la Agenda 2021 por los Derechos LGBTTTIQ+. El PRD es el único partido que ha trabajado permanentemente a favor de las causas de este gran movimiento, fue el primer partido en llevar a la Cámara de Diputados personas de esta comunidad y lo seguirá haciendo. Los Principios de Yogyakarta del 2007 fueron fundamento de la iniciativa de Ley sobre los derechos referidos a la orientación sexual e identidad de género que presenté en la legislatura pasada en el Senado de la República, por desgracia no tuvo mayoría; tampoco se logró la reforma para reconocer sus derechos civiles como se comprometió Peña; pudo más el prejuicio respecto a que el PRI iba a perder las elecciones si el Presidente proponía “cosa semejante”.


Nada puede resultar peor que pretender conservar tradicionalismos basados en el odio y la animadversión humana cuando el mundo no deja de moverse hacia la igualdad y la no discriminación.



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Todavía en decenas de países se considera a la homosexualidad un delito, la prohiben y castigan de manera cruel. Las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género se manifiestan desde la discriminación en la educación o para obtener trabajo, hasta crímenes de odio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos inhumanos o degradantes. Se imagina usted que en pleno siglo XXI haya sociedades tan arcaicas y sumidas en este barbarismo? Que pretendan imponer o controlar cómo deben vivir otras personas sus relaciones personales? Cuestionen una persona ame a quién quiera amar? Pues pasa!


El 1993 la Organización Mundial de la Salud retiró del “Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales” a la homosexualidad. En los países democráticos se comenzó a reconocer los derechos de la comunidad LGBTTTI; las leyes se reforman para establecer que ser homosexual, lesbiana o trans no podía ser una condición para la exclusión legal o discriminación. En México la primera referencia queda inscrita en las reformas al artículo 1 constitucional del 4 de agosto de 2001 donde se señala nadie puede ser discriminado por su preferencia; si bien no queda inscrita como “preferencia sexual” todos sabemos qué se refería.


Aún así, persisten muchos obstáculos discriminatorios; algunas leyes o prácticas desde los registros civiles impiden el derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo, por lo que las obligan a ampararse. Como sabemos ya hay jurisprudencia a su favor y aunque la ley diga que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con el amparo la autoridad tiene la obligación de atender la solicitud del matrimonio. Y lo mismo para aquellas parejas que quienes tener familia o adoptar.


No deja de ser interesante el comentario del Papa Francisco en una entrevista hace unos días donde dijo que “lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente”. Más allá de cómo se quiera interpretar lo que dijo el Papa, pone el tema a discusión y es una rayita a favor para que quienes profesan esa religión y buscan cierta empatía por parte de su iglesia.


Desde el Partido de la Revolución Democrática seguimos promoviendo el matrimonio igualitario, (no las uniones civiles); que las parejas de la diversidad sexual gocen de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y lo acabamos de refrendar en un acto de compromiso con la comunidad para integrar la Agenda 2021 por los Derechos LGBTTTIQ+. El PRD es el único partido que ha trabajado permanentemente a favor de las causas de este gran movimiento, fue el primer partido en llevar a la Cámara de Diputados personas de esta comunidad y lo seguirá haciendo. Los Principios de Yogyakarta del 2007 fueron fundamento de la iniciativa de Ley sobre los derechos referidos a la orientación sexual e identidad de género que presenté en la legislatura pasada en el Senado de la República, por desgracia no tuvo mayoría; tampoco se logró la reforma para reconocer sus derechos civiles como se comprometió Peña; pudo más el prejuicio respecto a que el PRI iba a perder las elecciones si el Presidente proponía “cosa semejante”.


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