Uno de los planes del actual gobierno es llevar internet a todo el país, utilizando toda la red disponible, de tal forma que nadie, o cuando menos muy pocas personas en México no contarán con este servicio. Propósito loable, que se ha ido empantanando sobre la marcha.
Esta semana se habría avanzado con la publicación de la Estrategia Digital Nacional (EDN), donde uno esperaba la planeación para que la población tenga conexión a Internet usando carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios, lo cual sería fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas pobres y alejadas.
Sin embargo, al revisar el documento, uno se da cuenta pronto que es un proyecto ideológico y que sigue en el discurso de la corrupción del pasado, repite frases como “por el bien de todos primero los pobres”, “dilapidación opaca de recursos”.
En estricto sentido no se trata de una política pública que contenga un diagnóstico o datos duros sobre el estado que se encuentran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en México, tampoco se contiene ningún plan o proyecto concreto, ni la metodología para alcanzarlo.
Echando un ojo a su contenido, la EDN propone principios con los que nadie estaría en desacuerdo:
Austeridad, eficiencia y disminución del gasto.
Combate a la corrupción, evitar prácticas leoninas que perjudican el interés del Estado.
Eficiencia en los procesos digitales, Simplificación operativo y atención focalizada de procedimientos.
Seguridad de la Información, estabilidad, protección y certidumbre de la información generada.
Soberanía Tecnológica, atribución única de la Nación en la toma de decisiones sin interferencias externas.
El problema estriba en que cuando uno quiere ver los cómos de tan nobles fines no vienen objetivos, metas o fines específicos ni instrumentos de rendición de cuentas para medir el cumplimiento o avance en los objetivos planteados.
Y ante la vaguedad de la EDN queda la incertidumbre de que ese hoyo negro pueda utilizarse indebidamente para justificar, entre otras cosas, a que no se invierta en gasto público en TIC´s , justo por la austeridad aludida.
Que por su predominancia ideológica se preste a ataques a la inversión privada existente y para justificar el incumplimiento del gobierno sobre contratos con proveedores privados (alegando soberanía y combate a la corrupción).
Hay también, pensamos, el riesgo de que también sea para controlar la información, bajo el concepto de seguridad de la información, ya que el concepto que maneja: “estabilidad, protección y certidumbre de la información generada o resguardada en sistemas o plataformas digitales” resulta muy amplio y ambiguo, cuando el concepto debiese enfocarse a aspectos técnicos que garanticen el funcionamiento, así como evitar ataques.
Tampoco guarda congruencia con lo que dispone el artículo 14 transitorio de la Reforma Constitucional de 2013 , en cuanto a los propios objetivos y estándares constitucionales que obligan en la materia, al menos debiese desarrollar como alcanzar las metas previstas en la Constitución.
Para el cumplimiento del eje de Política Social Digital se hace referencia al aprovechamiento de la Red Nacional de Fibra Óptica y a la Red Compartida, cuyo operador (Altan) se encuentra actualmente en proceso de concurso mercantil, por lo que sería conveniente que el proyecto de EDN aclarara la forma en que se apoyará a esta red o bien que manifieste cómo se suplirá su falta de operación.
Es decir, el documento rector de la política Internet para Todos nos deja más dudas que certezas.
