Quienes observamos la reunión en el Senado con la Secretaria de SEGOB, la Fiscalía General de la República y la Consejería del Presidente, escuchamos la Presidenta de la Mesa Directiva decía estar complacida de recibir el paquete de reformas enviadas por el Presidente en diversas materias de investigación, procuración e impartición de justicia; sin embargo no se entregó ningún paquete; pero quedó evidenciado que sí se pretendía entregarlo en esa reunión.
La pregunta inevitable es si ese paquete de reformas a la Constitución y a diversas leyes, era el que se filtró un día anterior, provocando reacción de juristas, del Poder Judicial, algunos senadores, la oposición y personas defensoras de los derechos humanos, ante lo cual optaron por no entregarlas. Esperamos sus propuestas se basen en diagnósticos serios y no en deseos sin fundamento, o peor, desde una óptica arcaica comprobadamente ineficaz y que fue derogada precisamente por inoperante frente a la corrupción e impunidad y el clamor de justicia.
México transitó a un nuevo sistema de justicia penal en 2005 con la reforma al 18 constitucional sobre justicia para adolescentes, y la gran reforma constitucional del 2008 para transitar todo el Sistema Penal a la modernidad con un sistema acusatorio del debido proceso legal fundado en el respeto a los derechos humanos y sustentado en los Tratados aprobados por México. Las reformas entran en vigor en 2016 y enmarcan una nueva legislación: la conversión de las Procuradurías estatales y la federal en Fiscalías autónomas del poder ejecutivo, es verdad hay simulación pero no es culpa de la hermenéutica del sistema, sino de quienes siguen buscando tener funcionarios a modo.
Demos mérito a las reformas a la ley de amparo; la creación del CNPP; las nuevas leyes en contra de la tortura; sobre desaparición forzada; de justicia para adolescentes; y de ejecución penal para nuevas reglas en los centros de privación de libertad con la presencia del juez de ejecución y la ansiada concreción de la reinserción social atendiendo las Reglas de Mandela. Una transformación de este calado está enfrentando resistencias, pero lo que se pretende, es una regresión a lo que padecimos por su inoperancia e ineficacia. Y al escuchar al Fiscal mucho me temo se gesta una contrareforma al sistema de justicia penal acusatorio.
El Poder Judicial es quien mejor ha avanzado en el conocimiento en las nuevas directrices del sistema penal. Aún hay fallas que en todo caso se deben corregir desde el propio Poder Judicial.
Los datos sobre la corrupción e impunidad que prevalecen en las investigaciones sobre hechos delictivos no es culpa del nuevo sistema, si funcionara como está diseñado, habría justicia para las víctimas, nadie estaría privado de la libertad por confesiones obtenidas por tortura y la proporcionalidad de las sanciones punitivas serían acordes a la comision del delito.
Hay riesgos se derogue el precepto de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que obliga a una investigación criminalística seria. Lo más avanzado para prevenir la reincidencia, es la reinserción social; no la rehabilitación social como le hemos escuchado al sr Fiscal. Para finalizar es preocupante la insistencia de que el arraigo siga quedando en la Constitución contraviniendo recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de UN. Mal presagio.
