@JosefinaRomanV
El once de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como resultado de diversos factores socio políticos y económicos que se gestaron en el país: la reforma Constitucional de 1977, que adicionó al artículo 6º de nuestra Carta Magna un último párrafo: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, a partir del cual se sentaron las bases para lo que hoy en día son la transparencia y el derecho de acceso a la información, especialmente con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reconocer que incorpora una garantía individual, así como la obligación del estado a informar verazmente.
Por otro lado la apertura comercial a consecuencia de los Tratados de libre Comercio que obligaban al Gobierno mexicano a contar con Instituciones y procedimientos transparentes y apegados a la legalidad; y por supuesto, la participación esencial de las organizaciones de la sociedad civil, como el denominado “Grupo Oaxaca” conformado por académicos, periodistas y especialistas, que pugnaron y lograron la consolidación de la transparencia y el derecho de acceso a la información.
20 años han pasado, para un ser humano, esta edad de las primeras juventudes implica una mayor estabilidad; las rebeldías e inseguridades propias de la adolescencia quedaron atrás, en la veintena, que se dice, es un ensayo para la vida adulta, los jóvenes tienen una concepción más clara sobre su propia individualidad, definen sus valores y sus ideales, a partir de los cuales direccionan su futuro y sus decisiones; y establecen relaciones más estables o “adultas” con sus padres, a quienes ahora ven como iguales y no como figuras de autoridad.
En ese sentido, nuestra Ley Federal es similar, ha salido victoriosa de una etapa adolescente en la que enfrentó cambios trascendentales en su vida; no solo creció al desdoblarse en una ley general, una ley federal y 32 leyes estatales, sino que los diferentes Institutos responsables de la transparencia y el derecho de acceso a la información, tanto nacional como estatales, antes subordinados a sus gobiernos, se convirtieron en Organismos constitucionalmente autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas resoluciones, son vinculatorias, definitivas e inatacables.
Se tiene un Sistema Nacional de Transparencia robusto, que posibilita el trabajo conjunto y coordinado de sus integrantes: los Órganos garantes del País, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y se desarrolló la Plataforma Nacional de Trasparencia como herramienta insustituible para el ejercicio de este derecho. Lo logrado es notable, la independencia del DAI respecto de otros derechos es evidente, con reglas y principios perfectamente delineados, la niñez quedó superada.
Aun cuando falta mucho por andar, se tiene la suficiente experiencia para saber hacia dónde enfocar los esfuerzos; somos conscientes de la importancia de trabajar unidos y hacer equipo con otras Instituciones; de contar con servidores públicos expertos y de excelencia; sabemos de la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para potenciar los derechos que tutelamos. El futuro de la transparencia y el derecho de acceso a la información se vislumbra promisorio.
