En el modelo de gobernabilidad que establece nuestro marco legal, para cada horizonte sexenal, requiere de un proceso de planeación democrática general, un proceso de planeación sectorial y un conjunto de metas e indicadores que permitan la evaluación anual del plan nacional de desarrollo para su revisión y glosa por parte del Congreso.
Más allá de los estilos de consulta y participación, la 4T tiene planteamientos en varios documentos y estrategias, ha realizado diversos foros y consultas desde el periodo de transición, y en el arranque del sexenio, la democracia participativa operó para la aceptación de los proyectos del sexenio, incluyendo la polémica consulta para la definición del sistema aeroportuario del valle de México.
Las consultas siguen operando para la definición del plan nacional de desarrollo. Es tarea de cada dependencia la realización de sus propios procesos consultivos para nutrir el PND en sus áreas respectivas que permitan alinear, desde el marco general del plan, el trabajo sexenal de cada secretaría de estado.
Para muchos, el PND y sus programas, resultan de procesos simulados, con poca incidencia de la ciudadanía y los grupos de interés, y finalmente, desfasados de la realidad más allá de los procesos administrativos, que son obligatorios para el gobierno federal, la esencia de los documentos se difunde poco, incluso para las poblaciones o sectores beneficiarios de la política pública.
El marco de responsabilidad hacendaria, describe con puntualidad las características de los programas de gobierno, su estructura y la necesidad de establecer objetivos y metas medibles para su evaluación.
El PND determina todo el proceso presupuestal y los sistemas de gestión exigen congruencia y apego a los objetivos y metas del mismo. Todos y cada uno de los programas federales deberán reorganizar su nomenclatura, sus enfoques, sus estructuras burocráticas de operación, los medios para la evaluación de los resultados, así como los esquemas de transparencia y participación ciudadana.
Para la sociedad, los documentos resultantes del sistema de planeación son apenas difundidos y consultados. La percepción al respecto es muy variada, que son documentos oficiales, que no incorporan las necesidades reales de la sociedad, que son retóricos y demagógicos, que no aportan nada, que no están disponibles y que los propios funcionarios carecen de habilidades para difundir e involucrar a la ciudadanía etc.
Un ejemplo de confusión es la política industrial, aparentemente inexistente desde el sexenio de Carlos Salinas, pero ampliamente establecida en los documentos de planeación, en el programa de industria y comercio, en las estructuras e instituciones que se erigieron en ese sexenio y, sobre todo, en la apertura comercial y la negociación del TLCAN.
Sin embargo, cada sexenio ha tenido fundamentada una política industrial explícita e implícita en los documentos rectores de planeación y en los programas sectoriales. En el sexenio de Carlos Salinas se contaba con una dirección general de política industrial, con Zedillo se elevó a una Comisión Intersecretarial de Política Industrial que fundamentó la nueva secretaría de economía con su enfoque PYME, mucho más allá de la propia secretaría de economía en el tiempo de Fox. Calderón salió con su desgravación generalizada de aranceles como política industrial para aumentar la competencia con el enfoque aperturista de mercados.
Es durante el sexenio de Enrique Peña, que desde el Congreso se establece un mecanismo de política industrial con la reglamentación de los artículos 25 y 26 de la Constitución, para desplegar la Rectoría del Estado en la economía y enfatizar la competitividad y la productividad mediante el Comité nacional de Competitividad y Productividad, una comisión multisectorial que incluye a trabajadores, empresarios, academia y gobierno para articular políticas, instrumentos y acciones en convergencia con la productividad total de los factores de la producción para desplegar estrategias diferenciadas, con la definición de sectores estratégicos y mecanismos de corrección de problemas de corto plazo.
Si es que hay tanto interés en contar con una política industrial clara, vinculante y con la participación de todos sus actores, los grupos interesados en el tema deben concentrar sus esfuerzos en el periodo inicial del sexenio, donde las consultas del PND y sus programas, pueden hacer valer demandas, necesidades, estrategias, presupuestos e instrumentos para mejorar la competitividad sistémica del país a nivel micro, meso regional y en el ámbito macroeconómico.
