/ jueves 7 de marzo de 2024

Encrucijada electoral: prioridades ciudadanas o de políticos

Cada sexenio se dice que estamos ante una elección histórica, pero esta vez hay algo ciertamente excepcional respecto a las últimas cinco con una democracia electoral efectiva: una encrucijada para esa joven pero real democracia, y por ello, sobre si el destino del país, más allá de votar, lo decidimos los ciudadanos o un grupo político gobernando sin contenciones. Aquí no se valdrá decir “no se sabía”.

Una vía es la del Estado democrático de derecho, con instituciones sólidas que aseguren derechos y obligaciones a todos, incluyendo límites a los poderosos en turno. La otra: una democracia y una legalidad adulteradas, donde quienes tienen poder, así hayan llegado a éste por los votos, pueden decidir y actuar por encima de las instituciones y de los derechos y obligaciones que deben aplicar a todos. Eso lo cambia todo.

Los mexicanos debemos tener claro lo que está en juego. Ese es el llamado a más de 28 millones de jóvenes: ¡es tu futuro! Hay que asegurarnos de que seamos los ciudadanos quienes decidamos sobre esa disyuntiva con nuestra elección libre, informada, responsable, con un voto masivo que supere la abstención, la indiferencia, la cortedad de miras.

Hay que ver por el país y las nuevas generaciones, antes que por nuestros intereses personales o preferencias políticas derivadas de valoraciones superficiales.

Por eso hoy más que nunca debemos pensar muy bien en quiénes y qué elegiremos, incluyendo a nuestros representantes legislativos: ¿queremos un Poder Ejecutivo sin contrapesos?

No sólo es el voto: hay que estar atentos a que gobernantes, partidos, candidatos y autoridades electorales respeten la ley. Que cumplan con sus obligaciones constitucionales.

Sobre todo, que no decida por ti la intervención de gobiernos con uso de recursos públicos. La delincuencia organizada que busca ampliar el control de territorios. El voto clientelar que no es libre. La polarización fomentada desde el poder y grupos políticos que dividen y promueven un voto no razonado ni responsable.

Hay que conocer y analizar las propuestas de los candidatos, pero sobre todo, demandar respuestas y compromisos claros a los desafíos que nos atañen a todos. A las prioridades de la nación, no a las de un grupo político u otro.

¿Queremos sostener un sistema democrático con división de poderes o ir a un régimen inclinado a la centralización en el Ejecutivo y un partido? Está en juego la independencia del Poder Judicial, con una propuesta de ligarlo a los procesos electorales y acotar sus facultades.

Preguntémonos a quiénes beneficia eso o la destrucción de órganos autónomos como el INAI, con una iniciativa para que la protección de los datos privados y el derecho a conocer la información pública queden a merced de gobiernos y funcionarios.

¿De verdad es prioridad cambiar radicalmente el sistema electoral y al INE, que nos han dado, por primera vez en la historia nacional, elecciones libres, competitivas, confiables? ¿Por qué tendríamos que reinventar, en este momento, instituciones que han hecho eso en cuatro comicios presidenciales y con tres alternancias partidistas?

¿No es más acuciante encontrar soluciones a la inseguridad y la violencia que asolan al país? ¿Al problema del agua, con el suministro a millones de personas amenazado? ¿A la educación pública, cada vez más rezagada frente a parámetros internacionales y sin una agenda congruente con los retos del Siglo XXI para el país y para los niños y los jóvenes?

La Suprema Corte de Justicia es perfectible, pero lo que urge es reformar y profesionalizar las fiscalías Federal y estatales, así como los cuerpos de policía de los tres niveles de gobierno. Ahí sí tenemos algo que no está funcionando, donde reside en buena medida el problema de la impunidad generalizada, los innumerables delitos de alto impacto que jamás llegan a juzgados, incluyendo escándalos de corrupción que quedan sólo en eso.

No está en hacer experimentos con la elección de ministros la solución al problema de más de 180 mil homicidios en este sexenio, de decenas de miles de personas desaparecidas, de cientos de miles de negocios que pagan derecho de piso a delincuentes.

Qué hacer con un sistema de salud pública colapsado, entre la promesa de que en unos meses será el mejor del mundo, cuando impera el desabasto de medicamentos y la población sin acceso a servicios pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas.

¿Cómo fortalecemos nuestra economía? En estos años ha crecido a una tasa anual promedio inferior al 1%, incapaz de generar la cantidad de empleos que requieren nuestros jóvenes.

Antes que debatir si conviene que los consejeros del INE sean electos como políticos, necesitamos hacerlo sobre una reforma hacendaria de fondo. Soluciones al problema de la economía informal. Por el crecimiento de las empresas, el empleo y los ingresos públicos. Por una reforma estructural al sistema de salud y seguridad social que garantice derechos universales efectivos y financieramente sostenibles.

Una agenda nacional ambiental y de infraestructura ambiciosa ante los retos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Una ruta de transición energética y a una economía de cero neto de carbono, como están haciendo otros países.

Que las candidatas nos digan cómo van a sanear las finanzas públicas cuando estén en el gobierno, tomando en cuenta que llegarán con un déficit que no se presentaba desde hace décadas. Soluciones a bombas de tiempo que hay que desactivar desde el arranque del próximo sexenio. Como la quiebra técnica de Pemex y su deuda de más de 100 mil millones de dólares.

Esos son los temas que urgen, que nos atañen a todos. Prioridades de verdad. De la nación y no sólo de un grupo político.


Cada sexenio se dice que estamos ante una elección histórica, pero esta vez hay algo ciertamente excepcional respecto a las últimas cinco con una democracia electoral efectiva: una encrucijada para esa joven pero real democracia, y por ello, sobre si el destino del país, más allá de votar, lo decidimos los ciudadanos o un grupo político gobernando sin contenciones. Aquí no se valdrá decir “no se sabía”.

Una vía es la del Estado democrático de derecho, con instituciones sólidas que aseguren derechos y obligaciones a todos, incluyendo límites a los poderosos en turno. La otra: una democracia y una legalidad adulteradas, donde quienes tienen poder, así hayan llegado a éste por los votos, pueden decidir y actuar por encima de las instituciones y de los derechos y obligaciones que deben aplicar a todos. Eso lo cambia todo.

Los mexicanos debemos tener claro lo que está en juego. Ese es el llamado a más de 28 millones de jóvenes: ¡es tu futuro! Hay que asegurarnos de que seamos los ciudadanos quienes decidamos sobre esa disyuntiva con nuestra elección libre, informada, responsable, con un voto masivo que supere la abstención, la indiferencia, la cortedad de miras.

Hay que ver por el país y las nuevas generaciones, antes que por nuestros intereses personales o preferencias políticas derivadas de valoraciones superficiales.

Por eso hoy más que nunca debemos pensar muy bien en quiénes y qué elegiremos, incluyendo a nuestros representantes legislativos: ¿queremos un Poder Ejecutivo sin contrapesos?

No sólo es el voto: hay que estar atentos a que gobernantes, partidos, candidatos y autoridades electorales respeten la ley. Que cumplan con sus obligaciones constitucionales.

Sobre todo, que no decida por ti la intervención de gobiernos con uso de recursos públicos. La delincuencia organizada que busca ampliar el control de territorios. El voto clientelar que no es libre. La polarización fomentada desde el poder y grupos políticos que dividen y promueven un voto no razonado ni responsable.

Hay que conocer y analizar las propuestas de los candidatos, pero sobre todo, demandar respuestas y compromisos claros a los desafíos que nos atañen a todos. A las prioridades de la nación, no a las de un grupo político u otro.

¿Queremos sostener un sistema democrático con división de poderes o ir a un régimen inclinado a la centralización en el Ejecutivo y un partido? Está en juego la independencia del Poder Judicial, con una propuesta de ligarlo a los procesos electorales y acotar sus facultades.

Preguntémonos a quiénes beneficia eso o la destrucción de órganos autónomos como el INAI, con una iniciativa para que la protección de los datos privados y el derecho a conocer la información pública queden a merced de gobiernos y funcionarios.

¿De verdad es prioridad cambiar radicalmente el sistema electoral y al INE, que nos han dado, por primera vez en la historia nacional, elecciones libres, competitivas, confiables? ¿Por qué tendríamos que reinventar, en este momento, instituciones que han hecho eso en cuatro comicios presidenciales y con tres alternancias partidistas?

¿No es más acuciante encontrar soluciones a la inseguridad y la violencia que asolan al país? ¿Al problema del agua, con el suministro a millones de personas amenazado? ¿A la educación pública, cada vez más rezagada frente a parámetros internacionales y sin una agenda congruente con los retos del Siglo XXI para el país y para los niños y los jóvenes?

La Suprema Corte de Justicia es perfectible, pero lo que urge es reformar y profesionalizar las fiscalías Federal y estatales, así como los cuerpos de policía de los tres niveles de gobierno. Ahí sí tenemos algo que no está funcionando, donde reside en buena medida el problema de la impunidad generalizada, los innumerables delitos de alto impacto que jamás llegan a juzgados, incluyendo escándalos de corrupción que quedan sólo en eso.

No está en hacer experimentos con la elección de ministros la solución al problema de más de 180 mil homicidios en este sexenio, de decenas de miles de personas desaparecidas, de cientos de miles de negocios que pagan derecho de piso a delincuentes.

Qué hacer con un sistema de salud pública colapsado, entre la promesa de que en unos meses será el mejor del mundo, cuando impera el desabasto de medicamentos y la población sin acceso a servicios pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas.

¿Cómo fortalecemos nuestra economía? En estos años ha crecido a una tasa anual promedio inferior al 1%, incapaz de generar la cantidad de empleos que requieren nuestros jóvenes.

Antes que debatir si conviene que los consejeros del INE sean electos como políticos, necesitamos hacerlo sobre una reforma hacendaria de fondo. Soluciones al problema de la economía informal. Por el crecimiento de las empresas, el empleo y los ingresos públicos. Por una reforma estructural al sistema de salud y seguridad social que garantice derechos universales efectivos y financieramente sostenibles.

Una agenda nacional ambiental y de infraestructura ambiciosa ante los retos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Una ruta de transición energética y a una economía de cero neto de carbono, como están haciendo otros países.

Que las candidatas nos digan cómo van a sanear las finanzas públicas cuando estén en el gobierno, tomando en cuenta que llegarán con un déficit que no se presentaba desde hace décadas. Soluciones a bombas de tiempo que hay que desactivar desde el arranque del próximo sexenio. Como la quiebra técnica de Pemex y su deuda de más de 100 mil millones de dólares.

Esos son los temas que urgen, que nos atañen a todos. Prioridades de verdad. De la nación y no sólo de un grupo político.