El 1 de julio el voto mayoritario le dio el poder de transformar las instituciones, hoy preocupantemente ya estamos apelando a la voluntad política de Lopez Obrador para concretar una Fiscalía General de la República mediante la reforma al artículo 102 apartado A.
Puede nombrarse una Fiscalía con una personalidad propuesta por las organizaciones de la sociedad civil y especialistas, como dice la Constitución, con profesionales que logren la transformación estructural que deje atrás el desastre que es la PGR. Claro que se puede, si lo quiere López Obrador, incluso antes de que asuma la presidencia, desde septiembre, pues tiene la mayoría en el Congreso y en los congresos locales. Es cuestión, insisto, de su voluntad.
Es importante eliminar el llamado “pase automático” antes de que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como una medida de transparencia y control constitucional; la reforma que quite el pase automático está en proceso en los congresos locales y sólo hace falta que cinco la aprueben para que se haga la declaratoria y sea vigente.
En el supuesto de que se lograse la modificación del artículo 102, sería un gran avance porque se trazarían los preceptos sustantivos de la transformación estructural no sólo de la Fiscalía General, sino de las 32 Fiscalías de las entidades, aunque ya están nombradas más de la mitad. Se podría abundar en las características de quiénes ocupen la Fiscalía y las fiscalías de delitos electorales y para delitos contra la libertad de expresión.
Habiendo sido parte del Senado de la República, debo resaltar que el PRI no tuvo voluntad política para aprobar una reforma que incluyera el artículo 102 e incluso, la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero su recelo a las OSC prevaleció sobre su responsabilidad. Hoy, aunque puedo equivocarme y por el bien de la Nación, ojalá me equivoque, nada cambiará con la mayoría parlamentaria de Morena.
El equipo cercano de Lopez Obrador ha comentado que tiene la intención de enviar una terna de personas para que el Senado decida. El método pareciera el mismo, pero no es así. La CPEUM señala que las organizaciones envía diez nombres, y de esos, el Titular del Ejecutivo escoge una terna y la envía al Senado. Que las OSC decidan los nombres de entre los cuáles surgiría el o la Fiscal, garantizaría que sean profesionales con trayectoria y conocimientos incuestionables y, sobretodo, independientes del Presidente de la República.
Una Fiscalía autónoma e independiente es fundamental para cualquier democracia. Las malas experiencias nos impiden confiar en la procuración de justicia sin ministerios públicos independientes, incorruptibles y debidamente profesionales; un ejemplo del daño que pueden causar: el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzosa, el cual Murillo Karam quiso dar por concluido con una investigación cuestionada y que hoy está en una litis para reabrir el caso, emprendida por un Tribunal Colegiado que pretende la creación de una Comisión de la verdad.
Las OSC están obligadas a persistir en lograr compromisos claros de quien será Presidente para contar con la institución de procuración de justicia que necesita el país. No hacerles caso, no es dictadura, dice AMLO, imponer su voluntad, entonces, ¿cómo se llamaría?
Senadora por el PRD
Angelica de la Peña
@angelicadelap
