Los mercados ilícitos han generado tracción en semanas recientes. Brookings Institution e Insight Crime, han realizado investigaciones por demás interesantes. La primera sobre el tráfico de vida silvestre en México y sus vínculos con China, y la segunda sobre el tráfico ilícito de ganado entre Centroamérica y México.
Ciertamente, la creación de economías ilícitas por parte del crimen organizado se ha convertido rápidamente en una tendencia global en el siglo XXI. Los grupos criminales se han diversificado económicamente en el lucrativo negocio de, por ejemplo, la tala ilegal en varios países de América Latina, el comercio de carbón vegetal en Somalia, el robo de petróleo en Nigeria y la extracción de minerales y metales preciosos como el ámbar en Ucrania, el mineral de hierro en México o el oro en Colombia y Sudáfrica.
Por este motivo, es necesario analizar a los grupos delictivos como actores esencialmente geopolíticos. Estos grupos compiten por territorios intensamente disputados así como rutas de transporte y acceso a mercados nacionales e internacionales, a fin de asegurar corredores estratégicos de influencia, poder y, a menudo, violencia a gran escala. Esto derivo en un marco analítico llamado “la micro-geopolítica del crimen organizado”, cuyo propósito es comprender y, en última instancia, prevenir la incursión de los grupos delictivos en sectores relevantes para la economía de un país.
Grosso modo, el marco se centra en la interconexión de cinco componentes clave. Primero, la existencia de un proceso productivo asociado a recursos naturales específicos –por ejemplo: mineral de hierro, aguacates, limones u oro. Esto implica que un proceso productivo –digamos: la extracción, el procesamiento, el transporte y la exportación de mineral de hierro– está ligado a geografías locales, y moldeado por las leyes de la oferta y la demanda global.
Segundo, la existencia de infraestructura relacionada con un proceso productivo, y su infiltración por parte de organizaciones criminales ya sea por colusión, intimidación o incapacidad del gobierno. Este componente también refleja la influencia de la geografía en la política, en la medida en que los proyectos de infraestructura responden a consideraciones geográficas, por ejemplo: la convergencia de puertos, vastos depósitos de mineral de hierro y fábricas de acero en una localidad.
En tercer lugar está la incorporación de un proceso productivo a la dinámica de la economía del crimen organizado. En México, por ejemplo, la extracción de mineral de hierro se convirtió en la principal fuente de ingresos del cártel de los Caballeros Templarios durante el 2011-2013. Estos ingresos contribuyen al “esfuerzo de guerra” de los grupos criminales, mismos que pueden ser utilizados en la acumulación de mano de obra y recursos –por ejemplo, armas de fuego– para neutralizar las actividades del Estado, o para hacer frente a organizaciones criminales rivales.
Cuarto, la apropiación de esos procesos productivos por medios violentos –aunque no de forma exclusiva, ya que es común encontrar casos en los que las organizaciones criminales cuentan con un fuerte apoyo popular. Estas nuevas dinámicas de violencia homicida a) intensifican la conflictividad social a nivel local –por ejemplo, el surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán en 2013–, y b) la violencia homicida a nivel local da forma a la percepción de seguridad a nivel nacional.
Finalmente, debido a la presencia parcial o tardía de la autoridad estatal en un determinado espacio geográfico, los grupos criminales adquieren mayor influencia política, generando condiciones de órdenes sociales complejos caracterizados por una interacción entre actores legales e ilegales.
En una segunda entrega, será importante mencionar algunas implicaciones en materia de política pública. No obstante, señalar que las economías ilícitas se han convertido en una de las principales amenazas a la gobernabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana, particularmente a nivel local.
