Se atribuye a Soren Kierkegaard haber dicho que “la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada”. Quizás esto condensa los dilemas e inconvenientes que enfrenta la actual administración –y las que le precedieron– en torno a la inseguridad y la violencia en México. En este sentido, la iniciativa del Presidente López Obrador para transferir administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es una ilustración más de lo relativamente fácil que es hacer uso de las Fuerzas Armadas, pero lo increíblemente difícil que es dejar de usarlas.
Por su parte, la oposición –lo que sea que signifique esto en nuestro país– olvida algo que también pasa desapercibido en el círculo rojo del activismo capitalino, aunque no deja de estar presente en muchas regiones y comunidades del país: las Fuerzas Armadas son frecuentemente el único freno a la inseguridad y la violencia que generan los grupos delictivos. Así, la llamada “militarización” es un concepto que adquiere particular tracción en la República de Twitter y las calles del corredor Roma-Condesa.
En marzo de 2019, un think-tank británico tuvo a bien publicar un artículo de quien suscribe en torno a la creación de la Guardia Nacional. Desafortunadamente, las dudas vertidas en aquella ocasión siguen estando vigentes en el contexto actual. Concretamente, ¿de qué manera el uso de la Guardia Nacional contribuirá a alcanzar resultados políticos tangibles de largo plazo? Me refiero, por ejemplo, al desarrollo de policías civiles a nivel estatal y local. En tanto no se atienda este pendiente, la Guardia Nacional –así como sucedió con la Policía Federal– seguirá siendo utilizada para apagar incendios indefinidamente.
Porque hoy la Guardia Nacional se compone de 115 mil elementos, pero bien podrían ser 150 mil para finales de 2023, y aun así seguirían siendo insuficientes para las dimensiones y características del país. La Guardia Nacional no podrá estar en todas partes, todo el tiempo. Y esa temporalidad de los operativos tendrá implicaciones diversas, entre ellas: a) inhibirá la participación de las comunidades y las disuadirá de proporcionar información con fines de inteligencia; y b) interrumpirá cualquier intento serio de construir instituciones a nivel estatal y municipal.
En este sentido, conviene preguntarse ¿de qué forma la Guardia Nacional enfrentará la violencia e inseguridad cotidianas? Esto adquiere relevancia a la luz de los cambios cualitativos que ha tenido el crimen organizado en México, a saber: cada vez más fragmentado, económicamente diverso y geográficamente disperso. En términos más generales, ¿cómo se garantizará que el uso del Ejército o la Marina, en apoyo a la Guardia Nacional, sea extraordinario, regulado, fiscalizado y complementario?
No hay una bala de plata para la situación de inseguridad y violencia en México –quien lo diga, está vendiendo humo. No obstante, lo que sí aumenta una mayor probabilidad de éxito en cualquier política de seguridad, es su capacidad para navegar con un pie en lo urgente y el otro en lo importante. Sí, las Fuerzas Armadas tienen que dejar la seguridad pública y prepararse para las funciones que México requiere en el mundo del siglo XXI. Pero ese momento no es ahora, y probablemente no lo será en sexenios. En cambio, será producto de un esfuerzo sostenido de construcción de instituciones, sobre todo a nivel estatal y local.
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