Hace diez años aprobamos la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; señala la obligación de los gobiernos para implementar todas las medidas que garanticen de manera amplia e integral la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de esta manera disminuir progresivamente la profunda desventaja social que sufren estas personas de todas las edades.
Como sabemos la discapacidad puede ser física o mental, sensorial o intelectual y que durante la interacción social pueden convertirse en barreras que impiden una plena inclusión en la sociedad, de manera que el Estado debe tomar en cuenta cada característica o condición para fines de su comunicación efectiva e inclusiva y se logre la plena igualdad respecto de las demás personas.
La Legislación ha tenido que modificarse para reafirmar que ninguna persona con discapacidad sea discriminada; hemos reformado la ley contra la discriminación para que el CONAPRED proceda en la protección de todos los derechos de las personas con discapacidad. También hemos reformado la ley General de Educación Pública para que el derecho a la educación también sea garantizado en todos los niveles.
Por ello llama la atención que la SEP no formalice institucional y jurídicamente a los Centros de Educación para la Atención de la Discapacidad y a quienes imparten clases a personas con discapacidad auditiva, visual, sensorial, física o mental. Los CEAD fueron creados en 2009 precisamente derivado de una reforma a la ley y son la única opción de política publica educativa de bachillerato.
Esta situación resulta en una inestabilidad laboral para quienes hoy se les denomina simplemente asesores y no Profesores de Educación Especial, y las y los alumnos, pues están a expensas de la voluntad de funcionarios para, unos, cobrar puntualmente sus sueldos devengados, y, las y los otros, estudiar no sólo para formarse, sino también para tener mayor independencia en la vida.
Los CEAD operan bajo una serie de irregularidades que ponen en riesgo la continuidad escolar y el avance académico del alumnado, pues las y los Asesores sufren inestabilidad laboral, lo que incluye atrasos continuos en sus pagos, no tienen seguridad social ni tienen el reglamento que requieren para cumplir con su trabajo, lo que se contrapone con la ley.
Hoy 1500 asesoras y asesores prestan servicio a alrededor de 24,000 alumnas y alumnos. Si este programa funcionara como debiera, muchas personas más accederían a servicios integrales y de calidad.
Las madres y padres de las y los alumnos de los CEAD han solicitado al Presidente Peña Nieto y al Secretario de la SEP, Otto Granados, que se incluya al personal en el servicio profesional docente, tengan una capacitación y actualización continua, y se garantice así el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En el Senado hacemos nuestra esta demanda.
Exigimos al Secretario de Educación Pública apegarse a la prohibición constitucional de todo acto discriminatorio motivado por cualquier condición. Lo instamos a recapacitar y no argumentar más la falta de recursos para no cumplir con la ley, así como a implementar las acciones necesarias para que el sistema nacional educativo erradique los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas derivadas de la exclusión. Todos los derechos para todas y todos, esa debe ser la obligación de todo gobierno.
Senadora por el PRD
@angelicadelap
