“Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo”.
Montesquieu, filósofo y jurista francés (1689-1755).
El pasado 4 de abril, el Senador Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política y así crear una Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especializada en anticorrupción.
A lo largo de su extensa campaña, el C. Presidente de la República dijo en varios discursos: “Al triunfo de nuestro movimiento, vamos a dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917”.
Por eso no dejan de sorprender iniciativas como la que se propone, donde se reforman 7 artículos de la Constitución para alejarla todavía más de aquella que se escribió hace 102 años.
Y es que el burdo atentado que se plantea llevar a cabo en contra del espíritu de nuestra norma fundamental es bastante evidente: En una afronta directa a la división de poderes, se pretende tomar el control del Poder Judicial para eliminar cualquier contrapeso a los proyectos y acciones del Legislativo y el Ejecutivo.
Con la creación de la nueva Sala que propone Morena, se nombraría a 5 nuevos ministros de la SCJN. Ya vimos algo similar en el lamentable caso de las ternas para la Comisión Reguladora de Energía, casualmente el mismo proceso es el que aplica para la selección de ministros a la Suprema Corte.
No existe entonces ninguna garantía para suponer que, en este caso, el Ejecutivo enviará ternas compuestas por candidatos con la independencia partidista necesaria y tan importante para mantener el equilibrio que existe actualmente en la Corte.
Además, en un extraño ataque a la política de austeridad franciscana o republicana, pasaríamos a tener 16 ministros, cuando ya en 1994 se redujo el número de los mismos de 26 a los 11 que tenemos hoy en día.
No es estar en contra del combate a la corrupción, es defender la soberanía de los Tres Poderes. La propia Secretaria de Gobernación, exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, está de acuerdo en este sentido: Una Sala Anticorrupción es absolutamente innecesaria.
Lo que es necesario, es que los que integran al Legislativo Federal se tomen en serio su trabajo y hagan lo que mandata la Constitución: la designación de los magistrados especializados en la Sala Administrativa en materia anticorrupción que nunca se han nombrado, que se creó con un Sistema Nacional Anticorrupción que aún no ha sido integrado.
Esta estrategia de ampliar las cortes, no es nueva. Ya la materializó Hugo Chávez en Venezuela en el 2004, incrementando de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Como lo dijo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar: “Este es un tema muy delicado que podría comprometer la naturaleza del Estado mexicano, como un Estado Constitucional de Derecho”.
El Poder Judicial debe servir como una válvula de garantía del estado constitucional en este país, por eso es importante defender su autonomía.
