“El poder ejecutivo quisiera tener todo poder posible bajo su mando, piramidado, como una gran empresa.”
Gabriel Zaid
¿Cómo es que algo llega a su fin? Antes hay señales, avisos, signos, publicaciones o declaraciones que nos han de poner en alerta. Lo que quizá sea más importante es saber cómo interpretamos esos síntomas, elaborar un diagnóstico antes de que lamentemos las consecuencias.
A mediados de esta semana, en una de las conferencias matutinas, se le preguntó al presidente sobre la reforma al Poder Judicial y la posibilidad de que alguno de los ministros de la Suprema Corte pudiera dar luz verde. Como era de esperarse, el presidente insistió en la pertinencia de tener ahí a Arturo Zaldívar por “reunir las condiciones” para ello.
Al decir esto, López Obrador recalcó que más que las instituciones, lo de verdad fundamental (“el alma de las instituciones”), es el grupo de servidores públicos a cargo. Dicha valoración posiblemente nos ayude a entender lo dicho hace quince años, cuando mandó al diablo a las instituciones, luego de la apretada contienda electoral en ese verano de 2006.
A principios de mes, algunas alarmas al respecto se activaron desde Oaxaca, pues se publicó en el Periódico Oficial que la Legislatura del estado aprobó (en abril) un decreto cuyo resultado radica en la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales local (IAIP).
Para nada es una buena señal que, en vista de lo que piensa y dice el presidente, algunas entidades autónomas (sobre todo aquellas que vigilan la rendición de cuentas de las autoridades y velan por un Estado libre, soberano, democrático y justo) estén perdiendo terreno.
Algo similar en este sentido podría decirse de la pugna que, desde el año pasado, han sostenido los órganos electorales locales de la capital de la República, el Instituto y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con la Secretaría de Administración y Finanzas por el recorte presupuestal que decidieron aplicarles para este 2021 (587 millones de pesos menos para el IECM y casi 8 millones para el TECDMX), lo cual, precisamente en un año electoral, pone en riesgo la operación de ambos organismos.
En el caso de Oaxaca, en lugar del IAIP, se creará el Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno. Mientras el primero desaparece y éste entra en funciones, los oaxaqueños estarán en un periodo de indefensión y la transparencia puede tornarse en opacidad.
Es decir, con todo y que no se trata de una desaparición completa, sí son preocupantes las modificaciones sustanciales dado que implican una suspensión del órgano inicial y una transición pantanosa con cambio de nombre incluido.
El presidente ha dado ya muchos indicios de querer abarcar más poder del que le corresponde; parece haber una ligera duda o contradicción: o no quiere a las instituciones, o no quiere que funcionarios que no le convengan dirijan esas instituciones.
Quiere tener todo a modo, para lo que se ofrezca. De ahí la importancia de que este tipo de acciones no pasen desapercibidas y evitar que se repliquen: más vale vigilar al Leviatán que dejarlo libre a sus inclinaciones naturales.
