La guerra sucia que en general los medios de comunicación han emprendido en contra del poder ejecutivo tiene muchas consecuencias legales y políticas que se tendrán que afrontar. El problema no es sólo que en garantía de la libertad de expresión la estrategia haya sido defenderse respondiendo principalmente a través de las "mañaneras” y las redes sociales. El asunto por resolver es definir, como sociedad, hasta qué grado pueden o deben permitirse las mentiras, la desinformación y el bombardeo de noticias falsas en el espectro mediático convencional.
En un contexto como en el que hoy estamos viviendo, se reducen al máximo las posibilidades de tener elecciones genuinamente limpias y libres, mientras haya gente que está siendo manipulada y desinformada. Nos falta saber aún qué tanto esta reciente cascada de mentiras y calumnias haya afectado los resultados de la próxima elección. ¿Y si las encuestas mintieran y los poderes de la oligarquía –y sus encuestadores--, quisieran crear un ambiente de confianza que a la mera hora diera resultados diferentes? En un tiempo así todo puede suceder.
Es difícil decirlo, pero en esta situación de inequidad informativa el gobierno no ha podido garantizar el derecho de las audiencias. Todavía no vivimos una verdadera democracia comunicacional y menos un ambiente de justicia, equilibrio y pluralidad mediática para la competencia electoral que se avecina. Como lo dice el propio presidente: el poder de la oligarquía que gobernó hasta el 2018 quiere a Kratos (poder) pero sin Demos (pueblo).
En el mismo sentido tenemos un Poder Judicial que protege a los traficantes de influencias y a los corruptos; un poder mediático que solo dice lo que no es y ha emprendido una vez más la embestida ya conocida como el "peligro para México" que hoy la inmoral oposición ha disfrazado de un “peligro para la democracia".
Con el nuevo INE no se cuenta completamente porque tampoco se sabe si en realidad está en condiciones de garantizar elecciones sin fraude, tal cual no lo hizo en contiendas anteriores. Entonces ¿quién o quiénes son o serán los responsables de las consecuencias electorales que traiga este complejo escenario?
El tema general es que el gobierno tiene varios derechos a proteger: las elecciones limpias, la justicia para todos y la información plural y veraz. Esos derechos en nuestro país aún no se han logrado garantizar de manera integral. La razón principal es que el poder ejecutivo NO es el único responsable de todos los cambios necesarios; ni el poder judicial ni el mediático, menos el de los órganos al servicio de la oligarquía pudieron ser transformados. Sin duda esos serán los grandes pendientes para el futuro que viene. Por ahora el derecho de las audiencias deberá ser uno de los más importantes a garantizar y tendrá que quedar claro que en el futuro, una conferencia mañanera ya no será suficiente para detener la fuerte embestida.
El argumento más utilizado por ahora es que como el pueblo está muy despierto y consciente, sabrá dilucidar la verdad: que tiene a las redes y otras opciones. Y en eso el presidente puede tener la razón. Pero tal vez lo que no se ha pensado aún es que su carisma y fuerza moral son las columnas que en realidad mantienen muy vivo a este movimiento transformador. Entonces ¿qué pasará una vez que el líder carismático no esté en la escena?, pues nos quedará el legado de un estado de derecho, mismo que aún falta por consolidar. Ese es el principal desafío del próximo gobierno.
Si encima de todos estos poderes adversos, considerando a la propia fuerza del imperio nefasto en nuestra contra, podemos lograr un nuevo gobierno que continúe y consolide esta transformación, será inminente plantear de manera muy seria todos los cambios necesarios. De otro modo, la continuidad de una verdadera transformación de la vida pública será muy difícil de lograr.
