A fines de septiembre se llevó a cabo la III Cumbre Global sobre Desinformación organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para el Periodismo en Bolivia y el Proyecto Desconfío (con sede en Argentina), en donde expertos y estudiosos del tema, así como editores, periodistas y representantes de las principales plataformas digitales presentaron no sólo reflexiones acerca del fenómeno cada vez más complejo de la desinformación, sino también varias acciones concretas y específicas que se están ensayando desde diferentes ámbitos para contener la desinformación y reducir sus impactos.
La conclusión más importante es que las acciones contra la desinformación requieren de la participación y el involucramiento activo de diferentes actores cada uno con diferentes tipos de responsabilidades. Desde los medios de comunicación, se vuelve indispensable redoblar esfuerzos por publicar información verificada o, de tratarse de un tema urgente de gran importancia pública y no contarse con todos los datos, hacerlo saber al público en la nota misma. Esto abona a la confianza de las audiencias en sus medios informativos y evita que los medios de prestigio se entrampen en la información falsa por la prisa en publicar, como vemos que está sucediendo en temas críticos como los lamentables sucesos en Medio Oriente o el desastre causado por el huracán Otis en Acapulco y otras zonas del estado de Guerrero.
Desde las plataformas tecnológicas, es necesario que refuercen sus mecanismos internos de moderación y que apliquen sus propias políticas con criterios de mayor transparencia. Las plataformas son espacios de primera línea en la difusión de contenidos y no es fácil equilibrar en todo momento y circunstancia el derecho a la libre expresión con los derechos a la información y otros derechos humanos fundamentales. Sin embargo, es indispensable contar con criterios claros, transparentes e impugnables acerca de cómo se toman decisiones sobre los contenidos que se publican o los que se retiran o se etiquetan, así como con mecanismos fáciles de acceder por los usuarios para solicitar que ciertos contenidos sean revisados.
Desde la sociedad, como usuaria central de la información, también se esperaría una mayor reflexividad y conciencia al recibir, buscar, crear y distribuir contenidos. Acerca de este aspecto, ya se han discutido en este espacio diferentes formas de cómo apoyar el desarrollo de habilidades de alfabetización mediática e informacional en las personas.
Finalmente, desde los gobiernos también se espera que se comprometan con el respeto irrestricto a los derechos humanos, entre ellos a la libertad de expresión y el derecho a la información. En este sentido, sobre el papel de los gobiernos, los participantes y organizadores de esta III Cumbre Global sobre desinformación señalan en su declaración final que, “los gobiernos deben combatir la desinformación y desalentar las prácticas que fomentan la circulación de mentiras y engaños. Los gobiernos no deben constituirse como jueces de la verdad, ni utilizar su poder de amplificación para propagar información falsa o engañosa… Las campañas de difamación a medios y periodistas por parte de gobiernos deben ser monitoreadas, denunciadas y sancionadas por parte de los organismos multilaterales, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Se requiere de un esfuerzo multiactor para hacer frente a este tipo de hechos”.
Desafortunadamente, el papel de varios gobiernos y otros actores políticos, lejos de actuar en defensa de libertades y derechos, se vuelve cada vez más participativo en la creación y difusión de información falsa, criticando a medios, periodistas y grupos de la sociedad civil que señalan estas tendencias. La reacción de la sociedad ante esta situación normalmente tiende a dividirse entre quienes apoyan a los actores políticos y quienes los critican, pero no con base en la evidencia y los hechos, sino en el tipo de sentimientos y emociones que tales actores les despiertan.
Por si este desafío de la desinformación fuera poco, otro más, desde Estados Unidos, comienza a ser cada vez más claro: el uso abusivo de la libertad de expresión de parte, sobre todo de grupos e intereses muy conservadores para quienes todos aquellos que dicen combatir la desinformación en realidad estarían buscando censurar la libre opinión. Por ejemplo, en estos momentos, la Suprema Corte de Estados Unidos deberá decidir si la administración del Presidente Biden ha violado o no la Primera Enmienda al haber tenido comunicación directa con diversas plataformas digitales para solicitarles el retiro de información falsa y engañosa relativa al COVID-19 y las vacunas. Para la fiscalía del estado de Missouri, iniciador de la demanda, la gente tiene derecho a opinar libremente (aún y cuando tales opiniones impliquen no sólo no recomendar el uso de las vacunas, sino negar la existencia del COVID o indicar que la vacuna esteriliza o inserta microchips de vigilancia) y también a creer lo que quiera. Habría más ejemplos, como la demanda de Elon Musk contra el Centro para Combatir el Odio o los ataques de la muy extrema Fundación para la Libertad Online contra cualquier estudio contra la desinformación por ser en realidad un pretexto para la censura.
De este modo, a inicios de un periodo electoral que abarcará procesos en México, Estados Unidos y otros cincuenta países en 2024, los nuevos desafíos de la desinformación parecen mejor organizados y tener intereses políticos poderosos detrás, por lo que los esfuerzos desde los medios, las plataformas y la sociedad en general deberán redoblarse para desenmascararlos a tiempo.
