A once años de la reforma constitucional que tuvo como propósito cambiar el rumbo de la operación del Sistema de Justicia Penal (SJP) de nuestro país, aún hace falta atar distintas estrategias y “unidades” que se han gestado en torno a este tema que, desafortunadamente, parecieran independientes, pero sobre todo distantes en el cumplimiento de un fin común, que es brindar un estado de paz y justicia para todos los mexicanos.
Se cumplen tres años desde la culminación de un proceso de implementación de formidable esfuerzo institucional que, sin embargo, —y no es la primera vez que lo mencionamos—, el mismo ha parecido diluirse con el correr del tiempo y ante los cambios administrativos federales y locales, pues se continúa sin cubrir las necesidades de una consolidación real y de la atención de los índices delincuenciales en aumento e incontrolables.
Por un lado, tenemos a la Unidad para la Consolidación del Nuevo SJP del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargada del estudio, análisis y planeación para orientar, desde un perfil técnico, así como ser enlace operativo con las instancias de coordinación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, así como con las entidades federativas; con la consecuente tarea de realizar las labores de coordinación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Esta Unidad pasó a formar parte de las “Unidades para la Consolidación del Nuevo SJP y de la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral y de Transparencia”, contemplada en la última versión del Acuerdo General del Pleno del CJF. (DOF, 8 de marzo de 2019).
Posicionándose como el área encargada de elaborar estudios, planes, indicadores y programas de seguimiento a la gestión judicial sobre el SJP; diseñar y planear los cambios institucionales necesarios para adolescentes, así como servir de enlace para la integración de figuras institucionales necesarias, entre otras, la unidad de medidas cautelares; plantear al Instituto de la Judicatura Federal las necesidades de capacitación sobre este tema, fungir como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita, a la que se refiere el Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del SJP. Aunque, dicho sea de paso, este Acuerdo únicamente ha brillado por la nula atención que se dio desde su suscripción.
Por otro lado, nos alcanzó la transformación de la Procuraduría a Fiscalía General de la República, cuya situación como clave fundamental ha sido instituir una Unidad de Transición para establecer las estrategias y la asignación de recursos para lograr objetivos inmediatos y dar seguimiento a la toma de decisiones, así mencionado en su Ley Orgánica publicada en diciembre del año pasado.
Algunas características que podemos mencionar sobre esta Unidad es que se integra por un grupo interdisciplinario de expertos; se dedica al diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio; y se organiza a su vez en dos sub-unidades, una de Clausura de la PGR y la otra de Diseño e Instalación de la FGR, las cuales, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.
Y finalmente, hoy contamos con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, creada a partir de la publicación del Reglamento Interior de la Dependencia, el mes pasado, con el propósito de fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del SJP, y cuya estructura será impulsada por dos direcciones generales para: a) fortalecimiento de los tribunales superiores y las procuradurías estatales, y b) reconciliación y justicia.
Esta Unidad tiene como misión impulsar una legislación y trabajo coordinado con gobiernos locales y Poder Judicial para evitar que, por errores en el debido proceso sean liberados delincuentes; celebrar convenios de colaboración para seguir fortaleciendo las procuradurías; así como mesas de análisis de casos penales muy concretos, o bien, de solicitudes que le formulen los sujetos del procedimiento penal como asesores jurídicos, defensores, ministerios públicos, policías, órganos jurisdiccionales, autoridades supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
No obstante, por experiencia conocemos que no basta con estructuras pequeñas, medianas o grandes, lo verdaderamente importante es la voluntad de querer lograr consensos y determinar acuerdos donde todas las instituciones se comprometan a llevar cabalmente sus acciones, a permitirse ayudar y estar en la mejor disposición de colaborar, pues sin estas calidades y cualidades nuestro SJP continuará condenado a la disparidad de criterios, protagonismos institucionales e impunidad.
A once años del inicio de un proceso de implementación y a tres de consolidación aún y con la creación de unidades, la colaboración y comunicación son cruciales si queremos contar con un SJP sólido demandado por todos los ciudadanos.
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