Los riesgos y peligros de una Procuraduría General de la República plegada a las órdenes y caprichos del Presidente de la República, que advirtieron decenas de organizaciones y especialistas alrededor de los movimientos Por una Fiscalía que Sirva y contra el Fiscal Carnal, se quedaron cortas con lo que hemos observado en los últimos días a partir del comportamiento de quién está encargado de la PGR después de la renuncia de Raúl Cervantes Andrade.
Podría equivocarme, y no lo podremos comprobar, pero creo que Raúl Cervantes no se hubiera prestado a la burda estrategia de usar a la PGR para golpear a un contendiente electoral. Me atrevo a decirlo porque lo sabemos respetuoso de la Constitución y cuidadoso siempre de las formas. Quien lo suplió y sigue encargado del despacho ha evidenciado ser un artífice de los priistas, quienes evidentemente están desesperados porque su candidato va descendiendo a un lejano tercer lugar y todo indica que con estos errores le va a ser aún más difícil remontarlo.
El deterioro al que han llevado desde el gobierno de Peña Nieto a la PGR evidencia varias cuestiones: la primera es que Alberto ElÌas Beltrán debe renunciar, no hay manera de que se le sostenga después del grotesco espectáculo que ha montado para destruir, o cuando menos debilitar, la candidatura de Ricardo Anaya, armando diligentemente una investigación sobre una supuesta actividad de lavado de dinero, incluida la ridícula justificación para entregar a medios de comunicación un video grabado dentro de las instalaciones de la Seido cuando el candidato Anaya entregaba un oficio.
El candidato de la Coalición Por México al Frente, y todos y todas quienes participamos en ella, hemos exigido que si hay denuncia por la supuesta comisión de delitos, las autoridades deben investigar y si hay pruebas, deben proceder conforme al debido proceso; sin embargo, éste y el principio constitucional de presunción de inocencia han sido violentados constantemente por las filtraciones de información que la PGR ha hecho de una investigación en curso, con el propósito de mostrar a Ricardo Anaya como un delincuente ante la opinión pública.
Quisiéramos ver a la PGR, con la misma celeridad y eficiencia, investigando casos en los que hay evidencia suficiente para acreditar los actos de corrupción en los que se encuentran involucrados diversos secretarios y Secretarías de Estado, exfuncionarios como Emilio Lozoya, exgobernadores priistas y el propio candidato presidencial del PRI, quien desde las Secretarias de Hacienda y Desarrollo Social, ha sido cómplice, por acción o por omisión, de las diversas conductas y esquemas delictivos acreditados por numerosas organizaciones de la sociedad civil e instituciones como la propia Auditoría Superior de la Federación.
Precisamente para evitar esta manipulación antidemocrática fue que reformamos la Constitución para que la Procuraduría General de la República se transforme en la Fiscalía General, un órgano autónomo y totalmente independiente del gobierno; pero debemos reconocer que nos equivocamos al haber permitido que se introdujera un artículo transitorio que permite que quien ocupe la titularidad de la PGR automáticamente pasará a ocupar la Fiscalía por 9 años. Una buena decisión de transformación tiene una resolución que puede ser utilizada de manera facciosa.
Rescatar a la PGR es ciertamente un asunto de Estado.
Senadora del PRD
@angelicadelap
