/ sábado 24 de abril de 2021

Plazo y peso moral

“Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos.”

Aristóteles


La información que pasa frente a nosotros adquiere dimensiones distintas según la percepción que tengamos de un problema, qué tan lejano o próximo se encuentra algún tema de nuestros intereses personales y nuestra realidad inmediata.

Aquello que concierne a lo más cercano, es decir, lo doméstico o local (la falta de alumbrado en una calle, la inseguridad de una colonia, el estado de las banquetas, la poda de árboles, la basura que se acumula en un parque), suele ocupar un lugar prioritario en la lista de nuestras preocupaciones cotidianas.

Sin embargo, cuando se trata de algo que trasciende esa primera esfera y toca límites nacionales, nos preocupa de otro modo más serio, porque puede alterar lo demás. Con ciertas noticias de ese tipo no es posible abandonar el asombro. Para bien y para mal, en nuestro país cada vez se vuelve más común la estupefacción por asuntos políticos.

En estos días sigue causando impacto el asunto que rodea a la figura de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este organismo es el encargado de hacer valer la Constitución y velar por la armonía entre las distintas instancias de Gobierno.

Curioso lío en que lo pusieron. Primero: Zaldívar es uno de los once ministros de la Suprema Corte. Segundo: el cargo de Ministro Presidente que ostenta tiene un plazo inamovible marcado por la propia Constitución, que es de cuatro años. Tercero: por extraño que parezca, existe la idea de que su periodo se prolongue dos años más.

Es asombroso, pero no puede ser sino una muy curiosa paradoja: el órgano encargado de revisar y validar la constitucionalidad de diversos asuntos está inmiscuido en una maniobra que es a todas luces inconstitucional.

Y no pinta para nada bien, menos cuando el presidente López Obrador (que, como titular del Poder Ejecutivo, debería respetar la autonomía de los otros dos Poderes del Estado) ha dicho, quién sabe con cuánta maliciosa ignorancia, que su pretendida transformación no puede llevarse a cabo si no se le concede este pequeño ajuste, contenido en un artículo transitorio de la reforma judicial.

No olvidemos un detalle igual de pequeño, pero curioso y hasta significativo: la Suprema Corte se encuentra a unos cuantos pasos de Palacio Nacional. Esa cercanía espacial también coincide con la cercanía que el presidente ha marcado con el ministro, a quien le concede una serie de calificativos que también otros personajes le han conferido cuando hablan sobre el tema: “es una gente recta, íntegra, honesta.”

La situación de Zaldívar es complicada: a pesar de que a lo largo de su trayectoria siempre ha expresado su opinión sobre asuntos esenciales de la impartición y la aplicación de la justicia, desde el Consejo de la Judicatura ya señaló que no se pronunciará sobre el artículo transitorio “hasta que no concluya el proceso legislativo”.

Una vez lanzado el buscapiés, todo simula moverse en el más estricto apego a las leyes, aunque en los hechos se busque que la ley se vaya ajustando a los deseos de un solo individuo.

Estos tanteos son más bien una burla que dicen muy poco de la rectitud y la moralidad que tanto se pregonan en esta supuesta transformación.

“Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos.”

Aristóteles


La información que pasa frente a nosotros adquiere dimensiones distintas según la percepción que tengamos de un problema, qué tan lejano o próximo se encuentra algún tema de nuestros intereses personales y nuestra realidad inmediata.

Aquello que concierne a lo más cercano, es decir, lo doméstico o local (la falta de alumbrado en una calle, la inseguridad de una colonia, el estado de las banquetas, la poda de árboles, la basura que se acumula en un parque), suele ocupar un lugar prioritario en la lista de nuestras preocupaciones cotidianas.

Sin embargo, cuando se trata de algo que trasciende esa primera esfera y toca límites nacionales, nos preocupa de otro modo más serio, porque puede alterar lo demás. Con ciertas noticias de ese tipo no es posible abandonar el asombro. Para bien y para mal, en nuestro país cada vez se vuelve más común la estupefacción por asuntos políticos.

En estos días sigue causando impacto el asunto que rodea a la figura de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este organismo es el encargado de hacer valer la Constitución y velar por la armonía entre las distintas instancias de Gobierno.

Curioso lío en que lo pusieron. Primero: Zaldívar es uno de los once ministros de la Suprema Corte. Segundo: el cargo de Ministro Presidente que ostenta tiene un plazo inamovible marcado por la propia Constitución, que es de cuatro años. Tercero: por extraño que parezca, existe la idea de que su periodo se prolongue dos años más.

Es asombroso, pero no puede ser sino una muy curiosa paradoja: el órgano encargado de revisar y validar la constitucionalidad de diversos asuntos está inmiscuido en una maniobra que es a todas luces inconstitucional.

Y no pinta para nada bien, menos cuando el presidente López Obrador (que, como titular del Poder Ejecutivo, debería respetar la autonomía de los otros dos Poderes del Estado) ha dicho, quién sabe con cuánta maliciosa ignorancia, que su pretendida transformación no puede llevarse a cabo si no se le concede este pequeño ajuste, contenido en un artículo transitorio de la reforma judicial.

No olvidemos un detalle igual de pequeño, pero curioso y hasta significativo: la Suprema Corte se encuentra a unos cuantos pasos de Palacio Nacional. Esa cercanía espacial también coincide con la cercanía que el presidente ha marcado con el ministro, a quien le concede una serie de calificativos que también otros personajes le han conferido cuando hablan sobre el tema: “es una gente recta, íntegra, honesta.”

La situación de Zaldívar es complicada: a pesar de que a lo largo de su trayectoria siempre ha expresado su opinión sobre asuntos esenciales de la impartición y la aplicación de la justicia, desde el Consejo de la Judicatura ya señaló que no se pronunciará sobre el artículo transitorio “hasta que no concluya el proceso legislativo”.

Una vez lanzado el buscapiés, todo simula moverse en el más estricto apego a las leyes, aunque en los hechos se busque que la ley se vaya ajustando a los deseos de un solo individuo.

Estos tanteos son más bien una burla que dicen muy poco de la rectitud y la moralidad que tanto se pregonan en esta supuesta transformación.

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