En los últimos días se ha presentado un intenso debate en torno a la Iniciativa Preferente enviada por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y regresar la rectoría del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En los ojos del Ejecutivo, la presentación de la Iniciativa Preferente, es el momento culminante de un proceso de rescate de la CFE que se ha venido llevando a cabo desde 8 de diciembre de 2018 que el Gobierno Federal publicó el Programa Nacional de Electricidad. El objetivo específico es que el sistema eléctrico nacional opere en condiciones de confiabilidad, continuidad y seguridad, en concurrencia con los principios de competencia económica y libre concurrencia y así, el Estado garantizará el suministro eléctrico a toda la población.
Asi mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se puntualizan dos temas del sector eléctrico: No más incrementos impositivos en términos reales -las tarifas eléctricas se reducirán cuando se recupere la capacidad de generación de la CFE-. Y el Rescate del sector energético para que la CFE vuelva a fungir como palanca del desarrollo nacional.
Para el Presidente López Obrador, su iniciativa tiene por objeto poner “piso parejo” a la CFE y a las empresas privadas, pues afirma que la Comisión subsidia costos e inversiones crecientes en el sector de transmisión eléctrica y al mismo tiempo está imposibilitada para emitir Certificados de Energías Limpias (CEL) porque no se les reconocen y tiene la obligación de adquirirlos a privados para cumplir con el registro de energía limpia. Considera que la reforma de 2013 no fue benéfica ya que No llegaron las “inversiones millonarias” esperadas, y tampoco se mejoró la competitividad del país.
En lo que respecta a las energías limpias, la CFE considera que los procesos de generación de las renovables, como la eólica y la solar, dado que no son controlables a voluntad y presentan intermitencia en su producción, No aportan seguridad de suministro continuo al sistema eléctrico nacional (SEN) y por ello no son la mejor opción para sustituir la energía fósil, argumentos que No solo no son ciertos, sino la evidencia muestra lo contrario. Los precios han ido bajando y se convierte en un complemento perfecto para brindar energía eléctrica a todos aquéllos que no han recibido los beneficios de la red convencional.
En torno al cuidado del medio ambiente y de la salud humana, también hay puntos que señalar, ya que la Iniciativa Preferente favorece el manejo de plantas térmicas convencionales, y con ello tendremos más afectaciones a la salud, porque la gran mayoría de estas plantas queman combustóleo con alto contenido de azufre y con un alto número de emisiones de SO2.
Tan pronto se presentó la Iniciativa, se despertaron comentarios y críticas. Hay claramente hay dos posiciones encontradas: la del Presidente y su gabinete, que posiciona una visión nacionalista y busca la soberanía energética a fin de que la CFE tenga el control absoluto de la generación de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles y el impulso al gas natural que consideran más competitivos. El otro sector considera que ya hoy en día la CFE es una institución reconocida y fuerte, que ha abierto las puertas a las energías limpias, a la innovación tecnológica y a la inversión privada, bajo los distintos modelos permitidos por la Constitución y en general por la Ley, y ha impulsado gradualmente la sustitución del uso de combustóleo y diésel. En lo personal, me identifico más con los señalamientos de este grupo. Como país debemos de impulsar el cumplimiento de alcanzar las metas de transición energética hacia energías limpias, hecho que traerá beneficios, directos e indirectos, para el sector eléctrico, para el medio ambiente y para la salud humana.
Por todo lo anterior, en la Cámara de Diputados se tomó la decisión de realizar un ejercicio de Parlamento Abierto los días 11 y 12 de febrero, el cuál contó con la participación de diputados, funcionarios públicos, especialistas del sector energético, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la iniciativa privada y ciudadanos interesados. El formato establecido consistió en dos mesas temáticas, la primera sobre Energía eléctrica y la segunda sobre Energías renovables y transición energética. El encuentro permitió hacer públicas diversas recomendaciones técnicas, económicas, sociales, ambientales, legales y de derechos humanos, principalmente, para dotar a los legisladores de la información más relevante y hacer el mejor ejercicio de evaluación y decisión de la iniciativa, tanto en comisiones como en el pleno.
De modificarse la LIE, también habrá repercusiones importantes en el contexto internacional. La eliminación del Principio de libre competencia establecido en el artículo 25 Constitucional, e igualmente estipulado en los capítulos 14, 22 y 24 del recién entrado en vigor T-MEC, nos puede poner en tensión por incumplimiento en el marco del acuerdo comercial regional. México tiene compromisos importantes que cumplir de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del Acuerdo de París. La política de descarbonización del sector eléctrico se percibe como fundamental para alcanzar la meta de no incrementar más de 1.5ºC el calentamiento global. Se identifican posibles puntos de tensión en el marco del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en el que, desde su negociación, se incorporaron claramente los compromisos de México para darle acceso a la inversión privada en el sector de producción y comercialización de energía eléctrica, reservando al Estado mexicano la distribución de energía y su transmisión. También se prevé que habrá implicaciones en el Acuerdo con la Unión Europea. Y por si fuera poco, en la política bilateral México – Estados Unidos también. Con la reciente llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, hizo la petición oficial del regreso formal de Estados Unidos al Acuerdo de París y ha puesto el tema del cambio climático en el centro de su agenda al declararlo un asunto de seguridad nacional, y consolidar el Plan Climático Nacional. Por todo ello, se prevee que podrá haber diversos juicios que le costarán muy caro al país.
En el momento de escribir estas ideas, no se ha cumplido el plazo estipulado, sin embargo se vislumbra que sí será aprobada en el Poder Legislativo, a partir del señalamiento del Presidente en el sentido que “ni una sola coma moverán los legisladores a la Iniciativa Preferente”. La estrategia nacional de energía no puede ni debe ignorar los compromisos plasmados en los diversos tratados internacionales; no puede ni debe ignorar la relación intrínseca entre medio ambiente y salud humana y si por el contrario garantizar el cumplimiento de nuestro derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano. Debemos, como país, caminar en el sentido del resto de la comunidad internacional, impulsar la protección al ambiente, incrementar el uso de las energías renovables, fortalecer el sector eléctrico con propuestas progresistas y no regresivas, debemos consolidar políticas públicas congruentes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se garantice que el pilar de las decisiones económicas tiene el mismo nivel de importancia que el social y el ambiental.
