Gerardo Camarena
Oficial Nacional Especialista en Participación Política en ONU Mujeres en México
“Empezaron a decir cosas de nosotras, que éramos unas cualquieras, aparecieron nuestros nombres en las bardas, ‘no más mujeres’ y ponían figuras obscenas de nuestras partes íntimas en una pared”, compartió una alcaldesa a un grupo de investigadoras mientras realizaban un estudio para ONU Mujeres.
Lejos de ser un caso particular, esta historia se repite en el país. La violencia contra las mujeres en la vida pública constituye una violación de los derechos humanos que ha aumentado junto con el número de mujeres que han accedido al poder.
El pasado proceso electoral 343 mujeres servidoras públicas, integrantes de partidos políticos y candidatas fueron víctimas de algún acto de violencia relacionada con su labor y lamentablemente quince de ellas fueron asesinadas.
El Instituto Nacional Electoral ha sancionado a 119 personas por actos de violencia política en razón de género. Según un estudio de ONU Mujeres, una de cada dos presidentas municipales entrevistadas declaró haber sido agredida en redes sociales o medios de comunicación durante sus campañas, o haber recibido comentarios ofensivos o descalificaciones sobre el papel de las mujeres en la política.
La buena gobernanza y la democracia requieren liderazgo y representación inclusivos. Cuando hay ejercicio compartido del poder aumentan la calidad, la pertinencia y la eficacia de la formulación e implementación de políticas.
México ha logrado avances clave rumbo a la construcción de una democracia paritaria: el país ha pasado de un sistema de cuotas de género a un mandato constitucional de paridad en todos los poderes y niveles del Estado, lo que le ha valido posicionarse como el cuarto país a nivel mundial con mayor representación de mujeres en el parlamento.
Como objetivo en sí mismo y como medio para la construcción de sociedades más igualitarias, la representación paritaria de las mujeres ha venido acompañada de una importante actividad en pro de la igualdad de género: durante la pasada legislatura, el Congreso de la Unión aprobó reformas importantes, como la reforma constitucional en materia de paridad y la regulación de la violencia política en razón de género, y puso sobre la mesa otros temas fundamentales, como la necesidad de reconocer el derecho a cuidar y al cuidado, contar con un sistema nacional de cuidados o garantizar la igualdad salarial.
Una mayor participación de las mujeres en política viene acompañada de una mejora de la labor pública. Las mujeres han introducido a la vida pública estilos de liderazgo colaborativos e inclusivos en entornos políticos que tradicionalmente se han caracterizado por la división y la polarización.
En el contexto de respuesta a Covid-19, las mujeres líderes dieron prioridad a las políticas que abordan los impactos sociales y económicos de la pandemia, especialmente sus efectos desproporcionados en los grupos vulnerables de la sociedad, y prestaron atención a los efectos de género de la pandemia, incluida la mayor exposición de mujeres y niñas a la violencia en el ámbito doméstico durante el confinamiento.
“Hay mejor organización, nos organizamos mejor. Hemos podido atender a comunidades que habían estado sin ser atendidas”, nos comentó otra alcaldesa.
En la consolidación de una democracia paritaria que nos ayude en la construcción de una sociedad más incluyente, igualitaria y justa, los hombres tenemos mucho por hacer. Eso implica que los hombres líderes cooperen estrechamente con las mujeres en el ejercicio del poder, reconociendo y respetando su liderazgo; que contribuyamos a contrarrestar las normas sociales que restringen los derechos de las mujeres y su participación en la vida pública; que incorporemos las voces y necesidades de las mujeres y niñas en nuestras agendas y, sobre todo, que pongamos todo de nuestra parte para terminar, de una vez por todas, con cualquier forma de violencia contra las mujeres y niñas.
