No deja de sonar que este año 2024 será un año histórico en el ámbito electoral, por el número de cargos que se van a elegir en lo nacional, lo estatal y lo local.
Hablar de democrática es pensar más allá de la selección periódica de una opinión entre unas pocas opciones electorales. Además del contexto coyuntural polarizante, si bien existen varios partidos, el sistema actual mexicano tiende a provocar alianzas pre-electorales ilógicas basadas en intereses para mantener el poder, más que por sintonía ideológicas. Lo vimos recientemente cuando una de las precandidatas intentó sumar a su proyecto a la extrema derecha antidemocrática. Una democracia garantiza una oferta plural basada en la libertad de expresión sin confundirla con discriminación o discursos de odio. Impulsar la segunda vuelta en México y una reforma que le de más poder a la representación de las poblaciones y de los territorios sería un camino de más apertura democrática y de construcción de consensos.
Salvo la obligación de paridad (a veces ficticia), estas ofertas electorales también son limitadas en cuanto a su representatividad. Varios grupos poblacionales históricamente excluidos de la toma de decisión se han organizado y han demandado más apertura. Lo han tenido que conseguir “a golpe de sentencia” (como bien lo dice la primera diputada trans por acción afirmativa, Salma Luevano).
Este 2024 es una oportunidad para impulsar esta representatividad, pluralidad e inclusión en candidaturas con capacidad de ganar. En espera que el mecanismo de cuotas de representación para personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, jóvenes o de la diversidad sexual y de género se fortalezca, los partidos políticos tienen el poder de ocupar los espacios de las listas pluriominales para restablecer esa desigualdad. Sin búsqueda y garantía de la inclusión y de la igualdad real no hay democracia consolidada. No es un privilegio sino el ejercicio del derecho a la representación y a la participación.
Los partidos de hecho tienen la obligación de garantizar unos muy reducidos espacios (“reducidos” porque los números de candidaturas reservadas no corresponden a los porcentajes reales de la composición de la población). Pero también deberían tener la obligación de apoyar a esas candidaturas con prioridad y capacidades operativas, como sí lo hacen con otras candidaturas que en general siguen representando a la clase política de siempre.
Lo representativo no se logra solamente con la condicionante, primordial pero no suficiente, de ser parte de una de esas poblaciones vulneradas por el sistema, sino también buscando la defensa de sus causas y de sus agendas. Para ello, los partidos y sus candidaturas deben informar a la ciudadanía sobre sus programas y plataformas electorales. A su vez, es fundamental promover desde lo colectivo el deber ciudadano de ejercer su voto de manera informada. Las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Maynez tienen la obligación moral y legítima de escuchar y recibir las demandas de los distintos grupos poblacionales excluidos para después sumarlas a su modelo de gobernanza y a su plan de gobierno democráticos.
¿Será 2024 un año democrático histórico para la democracia incluyente?
