¿El Estado mexicano reconoce la crisis climática como uno de los retos más apremiantes del desarrollo en este siglo? ¿México promueve una acción climática ambiciosa y socialmente responsable, fundamentada en el principio de justicia ambiental y en el cumplimiento de sus compromisos internacionales? Fue parte de la postura oficial de México que señaló que se necesita mayores esfuerzos para cumplir con los compromisos establecidos y ratificados del Acuerdo de París para lograr contener el aumento de la temperatura del planeta de un 1.5°. De seguir con el mismo nivel de emisiones, vamos por un aumento de hasta 3 °. Hoy, las catástrofes y demás consecuencias de la crisis climática responden a un aumento de un 1.3°.
A pesar de un exhorto en 2019 en el Senado de la República y recientemente en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México, impulsados por la ciudadanía y la sociedad civil, el Gobierno de México sigue sin declarar la emergencia climática, reconocer ni atender la gravedad de la situación con la prioridad adecuada.
Si bien México es responsable del 1.3% de las emisiones en el mundo, no ha tomado medidas de reducción de emisiones claras. En la COP27 se comprometió con una reducción del 35% para 2030 cuando la recomendación científica para cumplir con las obligaciones internacionales es del 43% para 2030 y dl 60% para 2035. A la fecha no hay un plan de acción climática contundente, eficaz, democrático y articulado entre los niveles de gobierno, entre los sectores, junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la ciudadanía. La descarbonización debe ser una prioridad para las próximas personas dirigentes y representantes en México, a partir de un Pacto Socioambiental transversal e incluyente.
El acuerdo final establece una transición hacia otras energías que los hidrocarburos. Nuestro modelo energético sigue basándose esencialmente en los hidrocarburos. Las inversiones y el gasto público se enfocan en el petróleo, a pesar del marasmo financiero que representa PEMEX para el dinero de la población mexicana: una empresa paraestatal caducada en quiebra.
Unos días después de la COP se llevó a cabo la función incompleta de la inauguración del tren militar, mal llamado Tren Maya. Un ecocidio histórico especialmente en sus tramos 5,6 y 7 sin planeación, con violación del Estado de Derecho, sin permisos ambientales. Es una responsabilidad colectiva seguir alertando sobre la falsa narrativa desarrollista impulsada por el Gobierno y sus aliados con tendencias propagandistas peligrosas. Este tipo de proyectos rapaces siguen en los hechos beneficiándole a la clase política de siempre, al capital en vez de proteger los ecosistemas o garantizar el bienestar colectivo en el largo plazo. ¿Qué harán con la destrucción de la segunda reserva de agua dulce más grande del país perforada y contaminada por miles de pilas de acero inmersas directamente en el acuífero? Colectivos como Selvame del Tren, activistas y las comunidades locales han evidenciado y denunciado la corrosión de esas pilas ilegales nunca contempladas en la manifestación de impacto ambiental.
No olvidemos: las personas que menos tienen son las más afectadas por la crisis climática. ¡Sin justicia ambiental, no hay justicia social!
