La Encuesta Nacional sobre Discriminación, indica que alrededor de 2 millones 700 mil personas en México declaran no ser heterosexuales (3.2% de la población nacional). Algunos años han pasado desde que la ONU retiró de la lista de trastornos mentales la homosexualidad (1990) y la transexualidad (2018). Hoy, la visibilidad de las poblaciones LGBTTTI+ está más visible que nunca. Sin embargo, la exclusión, la discriminación y las violencias persisten y preocupan.
A pesar de que no exista un registro oficial por parte de las autoridades, México está considerado como el segundo país con más asesinatos de personas trans de acuerdo con la sociedad civil especializada, quien contabiliza los crímenes de odio por cuestiones de identidad de género u orientación sexual. Menos de la mitad de los estados contemplan une tipificación penal específica y la falta de aplicación adecuada de los protocolos impide la impartición de justicia.
De acuerdo con encuestas de COPRED y CONAPRED (sin presidencia desde hace casi un año), organismos institucionales fundamentales de prevención y lucha contra la discriminación, el 84% indicó que se discrimina a las personas de preferencia y/o orientación sexual distinta a la heterosexual; el 36% no estaría dispuesta a rentar una habitación a una persona trans; más del 67% de las personas LGBTTTI+ encuestadas piensa que se respeta poco o nada sus derechos; el 87% ha enfrentado chistes ofensivos, 93% expresiones de odio, acoso o agresiones físicas; 9 de cada 10 tuvieron que esconder su orientación sexual o identidad de género en su vecindario, a su familia y en la escuela. Las condiciones de discriminación y acoso laboral percibidas, y por el temor a ser víctima de ellas, puede explicar que 1 de cada 2 personas no sea abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su entorno profesional.
La discriminación provoca exclusión, riesgos en materia de salud emocional y limita el desarrollo profesional de las personas LGBTTTI+ (y el COVID agravió sin duda la situación). Por eso, es fundamental a la luz de las acciones afirmativas, que obligan los partidos a postular a personas de la diversidad, desarrollar una agenda transpartidista basada en las vivencias y problemáticas reales de las poblaciones diversas, sin limitarse al matrimonio igualitario. Consolidación y apoyo a la memoria histórica, seguridad, justicia, inclusión laboral, salud integral, educación y no discriminación, derechos de las familias diversas y de las infancias trans son algunos de los ejes de acción pendientes de impulsarse junto con la sociedad civil y la ciudadanía LGBTTTI+.
Nuestra lucha es transfronteriza: la semana pasada en Irán Ali Fazeli Monfared fue decapitado por su familia por ser homosexual. Desde 2004, se conmemora en más de 130 países el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia cada 17 de mayo (día en el que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas) para hacer un llamado sobre la violencia y discriminación que sufren las personas por su orientación sexual, su identidad o expresiones de género. Pero nuestra lucha por una sociedad diversa de iguales es cotidiana: no se piden privilegios, se exigen derechos.
