La Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) fue creada hace más de 30 años con el espíritu original de recibir quejas ciudadanas en materia de derechos al acceso a servicios públicos. Dependiendo del Gobierno central, supuestamente promueve los derechos sociales, proporciona asesoría y orientación a la ciudadanía en materia administrativa, jurídica, social, inmobiliaria y condominal. Muchos de los conflictos vecinales escalan en los ministerios públicos por no lograr atenderse en la PROSOC a través de la mediación y atención vecinal.
A pesar de las recientes modificaciones para su integración al Servicio Único de Atención Ciudadana con el objetivo de instalar mesas de trabajo entre la ciudadanía y las Alcaldías o dependencias de Gobierno, la PROSOC provoca opiniones encontradas. ¿Cuántas personas laboran en la instancia? ¿Con qué perfil académico y profesional cuentan? ¿Cuáles son sus tareas específicas? En diversas ocasiones y en la impunidad, la dependencia ha sido apuntalada por contar con un sinfín de “aviadores” (cuotas políticas y “cuates” que cobran, pero no trabajan en la dependencia). Testimonios vecinales denuncian casos de maltrato, acoso, usurpación de identidad, colusión con algunas personas vecinas y parcialidad en el trato. También se han preguntado ¿por qué personal de la PROSOC viene a entrevistar a las y los vecinos sobre la ocupación de los departamentos, su tamaño? La PROSOC entregó a la prensa hace un par de semanas datos sobre las supuestas 21 Unidades Habitacionales más peligrosas de la Ciudad basándose en algunas pocas opiniones vecinales subjetivas sin reporte fundamentado de los supuestos riesgos, discriminando y estigmatizando a las y los habitantes como en el caso del Multifamiliar Benito Juárez en la Colonia Roma. En este caso, la presencia de la PROSOC en vez de apaciguar atizó el conflicto vecinal en la zona.
Con base en el Derecho al Buen Gobierno y a la Buena Administración reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, y aún más por tratarse de una dependencia de primer contacto con la ciudadanía, cada persona servidora pública debería contar con el perfil y las capacidades correspondientes en materia de atención psicológica, mediación, resolución pacífica de conflictos, transparencia y anticorrupción entre otros temas. La capacitación y evaluación de las personas trabajadoras de la PROSOC debería de ser una obligación en una estrecha colaboración con la Secretaría de la Contraloría y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad.
En redes sociales, la ciudadanía se queja de la falta de atención, falta de profesionalismo, de empatía y de mediación de la PROSOC quien se encuentra en gran parte detenida por la contingencia mientras que aumentan los conflictos. También se señala la falta de accesibilidad a los mecanismos de concertación sin contar de un abogado (vuelve excluyente el proceso), faltas a los procedimientos administrativos (en algunos casos la ciudadanía tuvo que llegar hasta el amparo para corregir los abusos de la dependencia). Un servicio profesional de carrera y un poco más de foco del Gobierno central sobre lo que sucede en la PROSOC podría mejorar la vida de muchas y muchos habitantes y en varios contextos prevenir la violencia.
