La iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Presidente López Obrador al Congreso, parte de la lamentable situación a la que llegó el sector energético nacional en tanto que somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo y para colmo compramos petróleo crudo para abastecer nuestras refinerías. Por eso se establece claramente la pretensión de que Petróleos Mexicanos tenga el rol preponderante en esta materia, lo cual corresponde a la visión planteada por el actual gobierno desde la campaña electoral, ampliamente respaldada por el electorado.
La convicción nacionalista, que se pretende denostar sin ningún fundamento real a partir de los dogmas neoliberales impuestos por el capital financiero mundial, no ha perdido vigencia. Para la conciencia popular es vital, como la lógica económica más elemental lo aconseja, mantener el máximo control sobre una fuente de riqueza tan formidable como los hidrocarburos que podemos producir y procesar, a fin de dar importante sustento a la hacienda pública. La mejor prueba es la cantidad con la que Pemex contribuyó al erario el año pasado: 598,323 millones de pesos, cantidad que equivale al 91.6% de la inversión física que hace el gobierno federal. En 2020 Pemex recibió 46,256 millones del presupuesto destinados a la inversión. Si comparamos el apoyo que obtuvo de recursos públicos con lo que aportó, la relación es de 12.9 pesos de retorno por cada peso invertido. Una utilidad del ¡1200%! Dejando de lado toda emotividad nacionalista — que tiene su valor e importancia— la pura racionalidad económica indica que sería un error monstruoso renunciar a esa fuente de recursos o compartirla con intereses ajenos.
No se trata de excluir al sector privado de toda actividad productiva, sino de aprovechar al máximo nuestras ventajas comparativas, como recomendaría cualquier economista, incluso neoliberal. Por ello la iniciativa establece que “es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética y la palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.”
Una parte importante de la iniciativa en la que nadie podría estar en desacuerdo, es la que tiende a “evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior al que pagaron, se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de que se imponga la revocación del permiso de operación previamente expedido a todos los sujetos que reincidan en la ejecución de las siguientes conductas contrarias a la ley: el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos y, la modificación de las condiciones técnicas de sistemas ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.” Suena muy razonable que independientemente de las sanciones económicas que pueden cubrirse, incluso con ventaja por parte de quienes recurren a estas prácticas, la sanción consista en la revocación del permiso de modo que efectivamente se impida la continuación de tales abusos. En el mismo sentido se inscribe la intención de fortalecer el combate al contrabando de petrolíferos. Para ese efecto se dispone la revocación de los permisos expedidos “cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y este haya sido determinado por resolución firme de la autoridad competente”. Esta medida está justificada pues no se vale que alguien sancionado por contrabandista, continúe disfrutando de un permiso de importación.
La iniciativa vincula, con razón, la seguridad del abasto energético con la propia seguridad nacional y establece que “también es de imperiosa necesidad contar con mecanismos específicos que permitan proteger al sector energético ante riesgos inminentes a la seguridad nacional”. Hace notar que las amenazas y el riesgo a la seguridad energética podrían tener un impacto sobre la agenda de dicha seguridad del Estado mexicano y que dentro de los objetivos estratégicos del gobierno debe estar el atender los retos internos que puedan afectarla, tales como el desabasto energético.
Con base en estas consideraciones se prevé la posibilidad de que la autoridad en la materia pueda suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos de la ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Esta última previsión tiene un sólido sustento en el artículo 131 de nuestra Norma Suprema que faculta al Ejecutivo Federal “para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país”.
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