El jueves pasado tuve ocasión de participar en la conferencia de prensa en la cual el abogado defensor de la Ministra Yasmín Esquivel presentó un conjunto de pruebas con el carácter de irrefutables que demuestran la autoría original de la tesis, que ha sido públicamente cuestionada. A invitación del equipo defensor, que sabe de mi interés en el tema dado que desde el principio de los ataques que recibió la Ministra publiqué artículos y concedí entrevistas manifestando mi posición en contra del procedimiento que, sin base jurídica, habían iniciado las autoridades universitarias con la pretensión de imponerle algún tipo de sanción. En mi condición de ex Abogado General de la UNAM expresé que no había bases para consumar tal propósito y en ello coincidió el Abogado General en funciones al iniciarse este penoso episodio, Alfredo Sánchez Castañeda, quien emitió una opinión en el sentido de que nuestra Máxima Casa de Estudios carecía hace 35 años —cuando la presentación de la tesis recepcional de la entonces estudiante Esquivel— y seguía careciendo en este tiempo, de normatividad que le permitiera investigar y sancionar una posible irregularidad en la elaboración de la tesis referida.
No obstante, la sólida opinión de Sánchez Castañeda fue ignorada y él fue relevado del cargo. Esta y otras actitudes que no corresponden al apego que las autoridades universitarias deben guardar a la legalidad, nos llevó a quienes participamos en esa conferencia a presentar argumentos que lejos de buscar un enfrentamiento con nuestra Alma Mater, de la que somos egresados, constituyen un alegato a favor de su prestigio que puede verse afectado por la equivocada conducta de quienes impulsan mediante graves irregularidades jurídicas, una acción contra la integrante de la Suprema Corte. Así lo manifestamos el abogado José Monroy Zorrivas quien fuera Consejero Universitario; el Lic. Alberto Romano, representante de la Ministra acreditado en este irregular proceso y su servidor. Dado que la persecución se realiza a través de un Comité Universitario de Ética que carece de facultades, todos coincidimos en que la salvaguarda de la ética no puede lograrse violando derechos humanos.
Por eso, en mi intervención hice notar que se apreció una primera reacción irregular por parte del denominado Comité de Integridad Académica de la FES Aragón —escuela de la que egresó la actual Ministra—cuando prácticamente al día siguiente de que apareció en un portal de Internet la imputación contra la Dra. Esquivel, encontrándose la UNAM de vacaciones a finales de diciembre, se anuncia una “investigación” sobre el asunto por parte de dicho Comité. La cuestión alcanza particular relieve porque la Ministra Esquivel estaba considerada con las mayores posibilidades para asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acusación en su contra constituía un evidente ataque político para impedirle llegar a ese cargo. La apresurada reacción de la FES Aragón anunciada en días que no eran laborables, implicaba dos situaciones anómalas, por una parte, constituía una acción sin sustento jurídico porque el referido Comité carece de facultades para actuar como órgano investigador y sancionador y, por otra, introducía a la Universidad en una confrontación política en la que no debió intervenir. La elección de quien habría de ocupar el citado cargo, se efectuaría el 1º de enero de 2023 y la rectoría de la UNAM difundió precisamente la víspera un comunicado en el cual se presentaba una acusación involucrando a la Ministra. La comunicación de la rectoría. Indudablemente incidió en la elección de la presidencia de la Suprema Corte y la manera como impactó a la ministra Esquivel indudablemente representa un daño que se le ha causado violentando la presunción de inocencia.
Todo esto ocurrió a partir de una acusación formulada de manera informal en una plataforma de Internet sin ningún valor jurídico, hecha sobre análisis de documentos electrónicos existentes en un repositorio de tesis, carente de validación formal. La rectoría remitió al Comité Universitario de Ética la ilegal resolución del Comité de Integridad Académica de la FES Aragón. Ninguno de estos dos cuerpos universitarios tiene facultades sancionadoras y, sin embargo, el efecto público era ya de condena contra la Ministra. El Comité Universitario de Ética, de acuerdo a los lineamientos que los rigen, solo puede emitir dictámenes o proponer políticas encaminadas a fortalecer la ética y la integridad académica, pero no tiene ninguna atribución para emitir sanciones o para elaborar dictámenes que se constituyan en acusación ante otro órgano de la Universidad. Además de la incompetencia de estos comités, se produce una violación adicional, en cuanto a que dichos órganos colegiados fueron instituidos mucho tiempo después de los hechos que pretenden juzgar, lo cual constituye una flagrante violación a las formalidades del procedimiento. (Continúa).
@DEduardoAndrade
