Hace un año, el General Cienfuegos, Secretario de la SEDENA, sorprendió con una entrevista inusitada, dijo que los militares no estudian para perseguir delincuentes, que si los enfrentan en las calles es porque se los han ordenado; de refilón criticó -con toda razón- que gobiernos estatales y municipales no han reconstruido sus policías incumpliendo su obligación de garantizar la seguridad publica.
Pero de esta declaración el PRI impulsor de la Ley de Seguridad Interior solamente retomó el reclamo de los militares de un “marco legal” para cumplir las tareas encomendadas, en lugar de resolver tener buenas policías municipales y estatales. Lo que aprobaron es la “legalización” de las fuerzas armadas en tareas para las que no están adiestrados, no quieren e incluso se sienten incómodos haciendo, según el General, y, por si fuera poco, es inconstitucional.
Es evidente que los militares no están contentos con las recomendaciones de organismos internacionales o con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas coincidentes en que México debe desmilitarizar la seguridad pública. La ley de Seguridad Interior del PRI es el mundo al revés.
Urge debatir nacionalmente si la guerra contra las drogas debe seguir siendo la lucha principal o si lo que debe hacerse es construir policías que investiguen y desarticulen a las bandas de delincuencia que se dedican al secuestro; desaparición de personas; extorsión; robo de combustible, de mercancías, transportes, vehículos, trenes; trata; crímenes de alto impacto; delitos de cuello blanco, incluyendo a gobernantes coludidos con la corrupción.
No hay gendarmería capaz como se anunció; no hay suficientes policías formados en el ámbito local. La mayoría de los municipios sobreviven en condiciones lamentables o son cogobernados por las mafias en decenas de regiones del norte, centro, sureste, frontera sur.
Las víctimas de todos los delitos, contextualizados en violaciones graves a los derechos humanos, señalan participación o complicidad de agentes del Estado en los hechos delictivos de los que son víctimas. La sociedad está desolada, insegura, presa de las violencias y además víctimas de la impunidad.
No es un capricho de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos cuando señalamos que es una equivocación que los militares sigan haciendo lo que no les corresponde y con esta ley será peor: permanecerán en tareas de seguridad, el Presidente podrá intervenir con el ejército con un mando militar sin controles, se confunde la inseguridad con la seguridad nacional.
La autoridad civil debe cumplir con su función constitucional, es un error político, histórico e irresponsable dejarle esa tarea a las fuerzas armadas: ese es el punto. Los militares deben regresar gradualmente a sus cuarteles para dar paso a policías profesionales capaces y confiables.
Lázaro Cárdenas observó muy bien la importancia de que los militares regresasen a sus cuarteles: montó las estructuras civiles para apaciguar al país después de la guerra de 1910.
Urge transitar a una institución nacional especializada y formada en seguridad pública que respete los derechos humanos. Este gobierno ha sido ineficaz en esta tarea, la Conago está en la comodidad sin atender su problema porque se lo dejan a las fuerzas armadas; preparémonos para invocar la inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior, ni modo.
Senadora del PRD
@angelicadelap
