La imagen quedará en los libros de historia, Mariano Rajoy presentando su dimisión como Presidente del gobierno español, obligado por el voto de la mayoría en el Congreso de Diputados mediante el que se le retiró la confianza. Si Rajoy fuera mexicano y Presidente de la República, nada de lo anterior le habría ocurrido.
En España, hace unos diez años, varios funcionarios del Partido Popular (PP), el partido de Rajoy, fueron denunciados por corrupción. La trama del caso Gürtel, como se conoce a la investigación, acusa que empresarios consiguieron autorizaciones para emprender construcciones inmobiliarias mediante un sistema de corrupción institucional, diseñado y operado por militantes del PP y funcionarios de distintos niveles de gobierno.
Inicialmente, la investigación de este caso la encabezó el juez Baltazar Garzón, pero fue inhabilitado como sanción por haber grabado las conversaciones entre los imputados y sus abogados. Pero la investigación continuó y llegó a su fin y el pasado 24 de mayo los Jueces condenaron a funcionarios y ex funcionarios a diversas sanciones de privación de libertad; además, el PP fue multado con 245 492 euros por haberse beneficiado de un sistema de corrupción. Lo anterior constituye el primer caso donde se sanciona a un partido político por corrupción.
Este hecho judicial con impacto político es un ejemplo de que la independencia del poder judicial y de sistema de procuración de justicia, es indispensable para que ninguna persona, incluidos funcionarios del más alto rango, queden impunes luego de haber cometido actos de corrupción.
Aquí en México hay casos escandalosos de corrupción donde quienes están al frente de gobiernos o instituciones, simplemente son intocables; el caso Odebrecht es un ejemplo de lo anterior, de los 12 países involucrados, México no ha concluido la investigación, no hay probables responsables y mucho menos sancionados.
La “Estafa Maestra” es otra muestra de la simbiosis de la corrupción y la impunidad. La funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación responsable de las auditorías forenses que evidenciaron una red de corrupción y fraudes millonarios al erario público dirigida desde la SEDESOL y SEDATU y que involucra a diversas instituciones, es despedida bajo el argumento de un supuesto conflicto de intereses.
En España hay una monarquía parlamentaria, y nos ha dado una gran lección, ¡el resultado de una investigación de corrupción derivó en la renuncia del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, punto!
En México concretar una fiscalía autónoma e independiente del gobierno ha quedado en impasse por decisión del Presidente Peña Nieto, del PRI y de sus aliados, PVEM, Nueva Alianza y, ahora, Morena; quieren mantener un pacto de impunidad controlando desde el gobierno la procuración de justicia.
Si una autoridad independiente hubiera investigado el origen y destino del dinero que un empresario entregó a René Bejarano, quizá los resultados hubieran obligado López Obrador a dimitir a la jefatura Gobierno del entonces DF. Si ya hubiera un o una Fiscal autónoma, quizá Enrique Peña Nieto ya hubiera presentado su renuncia arrastrado por Odebrecht y la “Estafa Maestra”.
El 1 de julio decidiremos cambiar el régimen de gobierno, castigar a los corruptos y recuperar la paz y la justicia, con el único candidato que se ha comprometido con una Fiscalía autónoma, con Ricardo Anaya.
Senadora por el PRD
Angelica de la Peña
@angelicadelap
