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En la era digital, los teléfonos móviles se han convertido en herramientas esenciales en nuestra vida diaria, más allá de simples dispositivos para comunicarnos. Son, en muchos sentidos, extensiones de nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando, de repente, nuestro teléfono se bloquea porque ha sido considerado "no oficial" por las grandes corporaciones?

La situación actual con empresas como Motorola, Oppo y Samsung, que optan por bloquear dispositivos provenientes del mercado gris, pone en evidencia un preocupante ejercicio de poder que va en detrimento del consumidor. Ante todo, es crucial diferenciar entre "mercado negro" y "mercado gris". Mientras que el primero se refiere a la venta ilegal de productos, el segundo hace referencia a la adquisición de dispositivos a través de canales no autorizados en un país determinado, pero que no son ilegales. Si un ciudadano elige comprar un teléfono en el extranjero porque tal vez le resulta más económico, o simplemente porque lo encontró durante un viaje, ¿debería ser penalizado por ello?

El marco jurídico en nuestro país, especialmente el Artículo 289 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece criterios claros sobre la homologación de equipos destinados a telecomunicaciones. Sin embargo, no estipula que los dispositivos adquiridos fuera de los canales oficiales deban ser bloqueados. Las acciones unilaterales de estas compañías son, por lo tanto, no solo un golpe bajo al consumidor, sino una interpretación sesgada y autoritaria de la ley.

Estas empresas de tecnología, bajo el pretexto de luchar contra el mercado gris, están tratando de imponer una regulación a través de sus propias decisiones, lo que puede verse como una forma de autorregulación con aspiraciones de ser una co-regulación. Pero, ¿qué garantías ofrece esta autorregulación al consumidor? Si bien es cierto que los desafíos tecnológicos a veces no tienen soluciones inmediatas en el ámbito legal, el bloqueo de dispositivos sin un proceso transparente y sin previo aviso es simplemente inaceptable.

La respuesta conjunta de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no pudo ser más clara: el bloqueo absoluto de equipos afecta directamente los derechos de los consumidores. La decisión de estas empresas de inutilizar dispositivos por no ser adquiridos a través de proveedores autorizados a nivel nacional es, en resumidas cuentas, un despropósito. Los usuarios no deben ser tratados como delincuentes o receptores de mercancía robada.

Mientras las compañías pueden tener sus propias razones comerciales para desear controlar la venta de sus productos, sus acciones no deben perjudicar ni limitar los derechos de los consumidores. Un smartphone es una inversión importante y, para muchos, una herramienta vital. No se puede, ni se debe, inutilizar arbitrariamente.