El anuncio de la venta de Citi-Banamex ha dado lugar a múltiples manifestaciones en torno al destino de esta institución cuya historia abarca 138 años de la vida económica del país. Fundado en 1884 con la participación de capital francés, español y mexicano intervino activamente en el fuerte impulso que recibió la actividad productiva del país en la época porfirista. De hecho, llegó a operar prácticamente como banco central pues contaba incluso con la autorización para emitir moneda. La idea del Presidente de la República de que Banamex, aún como institución privada, vuelva a hacer honor al nombre que lo vincula con la Nación y sea propiedad de capitalistas mexicanos después de la etapa en la que con motivo de la indiscriminada venta de empresas financieras quedó en manos de capital extranjero, tiene mucho sentido porque no es conveniente para un país que su sistema de pagos esté abrumadoramente controlado por compañías transnacionales.
Ahora bien, pese a que el gobierno ha tenido particular cuidado en hacer pública su intención de no intervenir con excesivas condiciones en el proceso de enajenación y se ha deslindado de una posible compra de sus activos por el Estado, la verdad es que la idea lanzada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en el sentido de que la oportunidad que brinda esta venta espontáneamente acordada por Citigroup, podría ser aprovechada para que el Estado tenga una mayor participación en el sistema bancario que da atención al público. Ciertamente esta ya existe mediante el Banco de Bienestar cuyo propósito es expandir la bancarización a los sectores de menor capacidad económica extendiendo los beneficios de los servicios bancarios, no debería dejar de considerarse que la inversión de recursos públicos en una empresa bancaria que ya está operando y cuenta con una sólida infraestructura que evitaría la curva de acondicionamiento, ineludible en el desarrollo de un banco en formación, podría ayudar a resolver los naturales problemas que supone el crecimiento del Banco del Bienestar. Tendría además la ventaja de que el acervo cultural y artístico del que dispone Banamex, quedaría dentro del patrimonio de la Nación.
Para quienes se han formado en la omnipresente cultura neoliberal, llega a parecer hasta absurdo que se proponga la vuelta del Estado mexicano a la actividad bancaria en el supuesto escenario de que adquiriera el banco en venta. Empero, la participación estatal en los servicios financieros y crediticios es necesaria y de hecho está presente a través de la banca de desarrollo representada por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Estos bancos, no obstante, solo operan en el denominado segundo piso y no ofrecen los servicios bancarios al público en general, pero nada impediría que dentro del marco de regulación aplicado a la banca, el Estado pueda tener acciones en empresas de esta índole. De hecho, los llamados “rescates bancarios” ocurridos con motivo de crisis financieras, representan una intervención estatal realizada a través de recursos públicos que resulta muy gravosa para el erario. La diferencia con la compra de activos en marcha es que esa inversión puede rendir utilidades y ser empleada incluso como un instrumento de regulación en el mercado de los servicios financieros, de modo que se evite el abuso al que queda sometido el público por parte de instituciones que operan como autoridades prácticamente despóticas al imponer unilateralmente sus condiciones. Una disminución, por ejemplo, de las comisiones cobradas por los servicios ofrecida en condiciones competitivas por un banco estatal, tendría esos efectos.
Existe la conseja de que el Estado es un mal administrador y que no conviene poner en sus manos empresas de ningún tipo y menos las bancarias. Sin embargo, la historia muestra que no es así. Cuando José López Portillo decretó la nacionalización bancaria, los bancos se siguieron manejando con profesionalismo y dentro de las reglas tradicionales sin caer en la politización. Se designaron personas decentes y capaces para manejarlos, como fue el caso de Fernando Solana quien con gran pulcritud dirigió justamente el Banco Nacional de México. Parece mentira que la actual burocracia bancaria sea más impenetrable que en los bancos de la época cuya operación quedó a cargo del sector público. En realidad fue la reprivatización efectuada bajo enormes presiones del capital financiero externo, la que introdujo elementos de desaseo y terminó por dejar prácticamente todo el sistema bancario bajo control foráneo. En estos tiempos, un esquema novedoso en el que capitalistas privados mexicanos, a los que ya se ha referido el Presidente, pudiesen combinar su interés con el del Estado mexicano y este a su vez, abrir al gran público una opción para la suscripción de acciones a precios accesibles, no debería dejar de considerarse como parte de la transformación del país.
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