Los priistas y los promotores de la ley de seguridad interior dicen que no es una ley en materia de seguridad pública y que no violenta la Constitución. ¿Entonces cuál es el mérito de esta ley? ¿Porqué se insiste en que las fuerzas armadas sigan en las calles en un desgaste absurdo y no se le pone fecha para que paulatinamente regresen a sus cuarteles? Cuándo los priistas mostrarán voluntad para atender el problema más grave de la actualidad: la inseguridad pública resultado de ausencia de directrices por parte de las autoridades que le den seguridad a la gente, libertad de tránsito y lleven a los transgresores de la ley ante la autoridad.
Conforme pasan los días su suman más inconformidades a la ley de seguridad interior y hay un reclamo legítimo a las comisiones dictaminadoras del Senado porque no basta invitar a especialistas y organizaciones de la sociedad a que den su opinión pero en lo concreto no se observa voluntad para corregir las críticas. También es realmente preocupante el abandono a legislar en materia de seguridad pública.
Coincidentes constitucionalistas y académicos de diversas universidades también han señalado que la CPEUM no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las fuerzas armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que han venido realizando, además señalan otras preocupaciones relacionadas con el respeto al federalismo y por supuesto reafirman, al igual que los organismos internacionales, que esta ley es incompatible con las obligaciones del Estado Mexicano porque es contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de DH y a las recomendaciones emitidas a México precisamente por la intervención de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a la autoridad civil.
La entrega de este premio se da en este contexto, y esta circunstancia quedó evidenciada en las intervenciones del Presidente de la CNDH y del propio Miguel, ambos coinciden: esta ley no debe ser aprobada; incluso el premiado enfatizó que si existiese el deplorable caso que esta ley fuese promulgada, y sin perjuicio de las acciones legales que se emprendan por las organizaciones que se han opuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en concordancia con el art 105 constitucional ejercite la acción de inconstitucionalidad para su invalidez.
El presidente Peña solicitó al Senado que se abriera el diálogo con quienes opinamos diferente a quienes impulsan esta ley. Esta decisión sin duda será importante si realmente escuchamos y atendemos de manera analítica los fundamentos que se han venido manifestando para detener esta ley y no solamente se simula audiencias un día y al otro se aprueba tal cual, sin correcciones.
Requerimos respuestas en el orden económico, político y social que atiendan y prevengan los supuestos que vienen influyendo en el deterioro del tejido social; urge legislar en materias de seguridad pública donde se señale en transitorios el regreso paulatino de las fuerzas armadas y también sobre el uso legítimo de la fuerza pública. Es imprescindible que los Estados tengan recursos suficientes para la profesionalización de sus policías. No simulemos.
Senadora por el PRD
