Será en los próximos días cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina si dará prioridad al análisis de la controversia constitucional promovida por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas contra el acuerdo presidencial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En sesión privada a distancia, los 11 ministros del máximo tribunal del país revisarán la solicitud de Laura Rojas en el sentido de que este asunto se tramite y resuelva de manera prioritaria y no siga el mismo trámite que otros asuntos que llegan a la Corte y que tardan hasta un año o más en resolverse.
“Respecto a la solicitud que formula la Presidenta de la Mesa Directiva en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de que este asunto se tramite y resuelva de manera prioritaria, sin mayor trámite, se ordena remitir a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expone el acuerdo.
El acuerdo general 16/2013 del pleno de la SCJN señala que el ministro presidente listará para sesión privada, que se celebrará a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a su recepción, la solicitud de atención prioritaria que se hizo, en este caso, desde la Cámara de Diputados.
Esto luego de que se pida al Consejo de la Judicatura Federal un informe actualizado sobre los asuntos que se encuentren radicados en los tribunales de circuito o en los juzgados de distrito, relacionados con esta controversia.
La noche de este viernes la ministra Margarita Ríos Farjat dio entrada a la controversia constitucional promovida por Laura Rojas contra el acuerdo presidencial que autoriza la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
De esta forma suman ya dos recursos, el primero de ellos impulsado por el Gobierno de Michoacán, que son admitidos a trámite en el máximo tribunal y que podrían permitir que se analice la constitucionalidad del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador publicado en mayo.
Sin embargo la controversia impulsada por Rojas es la única que puede llevar a la invalidez del acuerdo con efectos generales, ya que las demás sólo tendrían efectos en los territorios de los gobiernos inconformes.
A la fecha quedan pendientes por admitir las controversias constitucionales promovidas por los ayuntamientos de Colima, Colima y Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.
Ríos Farjat dio 30 días hábiles al Ejecutivo Federal y a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad para que contesten la demanda.